Vacío. Un año después del inicio del paro nacional de octubre de 2019 aún no están definidos los rostros responsables de los desmanes y la violencia dejando un hueco que se llena, de momento, con una sensación de impunidad.

El asalto al edificio matriz de la Contraloría, el intento de ingresar al canal Teleamazonas, los desmanes en Quito, los fallecidos, los heridos y los millones de dólares en pérdidas económicas para el país no tienen responsables claros, resguardando el peso de la indefinición en los hombros de la justicia.

Tres precandidatos presidenciales y un exministro de Gobierno coinciden en que el sistema judicial avanza a paso lento. La aspirante a la Presidencia por el movimiento Alianza PAIS, Ximena Peña, cree que las autoridades judiciales deben actuar con prudencia, sí; pero también con celeridad. “No queremos satanizar a ciudadanos, hermanos de pueblos y nacionalidades indígenas que salieron a ejercer el derecho a protestar... La justicia debe actuar con la sensibilidad del caso contra aquellos que quisieron usar el rechazo de la voluntad popular a medidas inconsultas y antipopulares”.

No solo la ausencia de una justicia ágil, sino también de las figuras políticas, comenta el precandidato presidencial por el movimiento Amigo, Pedro Freile. Un año después del inicio de los hechos y los rostros protagónicos de aquellos momentos, de lado y lado, no se han pronunciado sobre lo que pasó un año después, sus consecuencias en la actualidad, y esta falta de responsables. “Todos los políticos estaban escondidos. Los que son parte del Gobierno, los que ‘melan’ del Gobierno, los que se creen con derecho de ser Gobierno. En la calle estuvimos solo los ciudadanos. Los que nos hacían pelear, esos por los que votamos, estuvieron ausentes”.

La Fiscalía ha abierto varios procesos. Uno por rebelión contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el exlegislador Virgilio Hernández, y Christian González, quienes ya fueron llamados a juicio.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas; así como el líder indígena Leonidas Iza son investigados por el presunto delito de instigación a sabotaje, rebelión y terrorismo. El proceso está en investigación previa.

El asambleísta Fabricio Villamar denunció al prefecto del Azuay, Yaku Pérez, por participar de la toma del edificio de la Asamblea Nacional el pasado 8 de octubre. Este último, ahora, precandidato presidencial por el movimiento Pachakutik, insiste en que la violencia de aquellos días no vino de las filas del movimiento indígena. Al igual que Peña, considera que esa sensación de impunidad es por la demora a la justicia. “Cuando la justicia se tarde, deja de ser justicia. Debería dar con los responsables de esos actos de violencia sobre todo de la Contraloría. Nosotros no somos responsables de la violencia. No teníamos ningún interés de quemar los documentos de la Contraloría. Los responsables de los actos violentos deben ser juzgados y sancionados”.

No solo sobre la justicia, sino también en las decisiones estatales. El exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, considera que la resolución del presidente Lenín Moreno de trasladar la sede del Gobierno a Guayaquil durante los días duros del paro dejó desprotegida a Quito y abonó a los desmanes que se produjeron. “Se suma el abandono de la ciudad de Quito y la falta de una debida acción de Fiscalía, de apertura de procesos contra quienes fueron los responsables”.