El comercio informal en la urbe esta prohibido a medias
El Cabildo no tiene capacidad logística para controlar a todos los vendedores ambulantes de la ciudad. La seguridad se acentúa en áreas regeneradas
Basta con pasar una vista por las avenidas transversales a la 9 de Octubre para observar a decenas de vendedores ambulantes con todo tipo de mercadería, desde lentes y protectores de celulares hasta pasteles y botellas de agua. Se cuidan de los policías metropolitanos escondiéndose detrás de postes; pero están allí, siempre.
La ley es clara. En Guayaquil “se prohíbe la venta ambulante y todo tipo de comercio informal”. Así lo dice la ordenanza que norma la instalación de kioscos y carretillas en espacios públicos. Sin embargo, en la práctica aquello está lejos de ser una realidad.
“Sabemos que no se puede permitir este tipo de negocios en ninguna parte de la ciudad, pero el Cabildo no tiene capacidad logística para lograrlo. Apenas hay 400 uniformados en toda la ciudad, por eso el control no llega a algunas zonas”, admite el director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez.
Se prioriza la observación en zonas regeneradas, sitios turísticos y avenidas principales. No siempre funciona. En las afueras del hospital del IESS de Los Ceibos, por ejemplo, los comerciantes intentan vender sus productos a escondidas, detrás de los arbustos, o corriendo de un lado a otro con sus puestos de comida encima. “A diario nos persiguen. Aseguran que por ser esta un área regenerada, no tenemos derecho de vender”, dice, empanadas en mano, Carolina Jumbo.
En otras zonas, como hospitales, colegios y parques, la vigilancia es más bien itinerante. Los policías municipales aparecen una o dos veces al día “y se puede trabajar más o menos tranquilo”, confiesa Manuel Bermeo. Cuando llega a vender pasteles a Samanes, lo hace en bicicleta, por si acaso deba “hacer más fácil la huida”.
Pero hay casos especiales. En la avenida Francisco de Orellana, unos 40 comerciantes ambulantes venden también chorizos, bollos, batidos y hasta guatita. Ellos pueden trabajar tranquilos, siempre y cuando paguen un supuesto peaje.
Dos o tres dólares que -según afirman- les ‘cobran’ a diario ciertos metropolitanos para pasar por desapercibidos. “Es el trato. Si no, nos sacan”, dice Carolina Toapanta, artesana cañarense que vende agua de coco.
La criticada forma con que a veces se realiza el control es el talón de Aquiles del Municipio. “No se descarta que han habido abusos, pero cuando se notifican el personal es despedido”, defiende Narváez.
En las periferias, como el suburbio, el Guasmo, la vía a Daule y otros sectores afines, el control es escaso o nulo. Allí hay vendedores prácticamente en cada esquina.
Los pillados tienen que pagar multa
El director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, explicó a EXPRESO que una vez que un metropolitano decomisa temporalmente la mercadería, se inicia un proceso de sanción.
Se escribe un parte que detalla todo lo que fue retirado al comerciante, quien luego deberá presentar constancia de que esa mercadería le pertenece, y para retirarla tendrá que pagar una multa que va desde $ 40.
Las comisarías primera, segunda, tercera, cuarta y séptima son las que llevan estos casos. El valor a pagar en el Cabildo dependerá de la cantidad y el tipo de productos que se decomisen. “La mayoría de vendedores ya conoce el proceso. Siempre son los mismos”.
