Ha pasado el tiempo en que los padres se sentían tranquilos al saber que sus hijos estaban en la escuela o el colegio. Ahora, múltiples problemas están presentes en ellos: microtráfico de drogas, uso de armas, asaltos, acoso y abuso sexual.

Pero pocos se atreven a denunciarlos. Quienes lo hacen piden el anonimato para evitar represalias de las autoridades de algunos planteles, que les han prohibido dar ese tipo de información “para no dañar la imagen de la institución”.

Mas, basta apostarse en los exteriores para escuchar los testimonios de estudiantes, padres, profesores e incluso directivos que con temor y preocupación señalan que muchas unidades educativas no son seguras y que existe la percepción de que estas “se han convertido en campos de guerra”.

Muchos padres tienen miedo de mandar a sus hijos solos a las escuelas y se han convertido en sus “guardianes”, aunque para ello tengan que sacrificar tiempo de los quehaceres de la casa o del trabajo, tal como lo publicó EXPRESO, el 22 de mayo pasado: más de 200.000 padres brigadistas se habían unido a esta lucha.

Mayda A., por ejemplo, presidente del comité de padres de familia, al igual que su hijo, pasa seis horas en un plantel público del sur de la ciudad. Mientras el menor está en clases ella, junto a otros padres, hace rondas en los baños y se ubica en lugares estratégicos para detectar alguna novedad. La tarea se extiende a los exteriores, donde todavía existe el microtráfico de drogas.

“Ya no podemos quedarnos en casa tranquilos porque sabemos que en los colegios, donde los estudiantes pasan la mitad del día, hay este tipo de problema”, dice otra madre, quien reprocha que no todos se preocupan por el bienestar de sus hijos, porque solo van al colegio el primer día de clases y a veces al finalizar el ciclo escolar, cuando los alumnos están perdiendo el año. “El plantel donde asisto tiene 1.200 estudiantes, pero solo 40 padres participan en las brigadas que ejecutan prevenciones”.

La semana pasada, EXPRESO informó que la droga ahora ingresa al colegio camuflada en frutas y verduras; lo que revela que los estudiantes no están a salvo y que los vendedores han encontrado otra modalidad para distribuirla.

El Comité Interinstitucional de Drogas había identificado, hasta finales de julio pasado, 17 planteles donde el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es grave.

A esto se suma el acoso y abuso sexual, que no son nuevos en el sistema educativo, pero hay temor de denunciarlo, no solo por las consecuencias que pueda originarle al delator y a sus hijos, sino porque las alertas no siempre son escuchadas por las autoridades. Así sucedió en la unidad educativa réplica Aguirre Abad, donde cuatro profesores abusaron de cuatro niños, de entre 6 y 8 años de edad. La rectora no siguió las rutas que el caso ameritaba tras ser informada.

Mónica Pérez, presidenta del comité de padres de familia de esta entidad, lo corrobora. “Muchos representantes reciben presiones. Les dicen que sus hijos se van a quedar de año e incluso empiezan a maltratarlos o señalarlos. Ellos son los perjudicados”.

Hay profesores como Dilia Saverio, quien en 2016 se atrevió a denunciar ante el rectorado y Distrito Educativo N° 1, a un profesor de bachillerato, quien cometía acoso sexual en contra de estudiantes de la jornada nocturna de un plantel fiscal. El abusador no recibió castigo y sigue laborando; pero ella fue destituida, supuestamente, por enfrentar el caso. El lunes pasado, la Fiscalía recién conoció lo sucedido.

Entre 2014 y 2017, el Ministerio de Educación tiene registrados 882 casos de violencia escolar, de los cuales 561 fueron cometidos por personas vinculadas al sistema educativo.

Los colegiales también reaccionan ante los peligros que deben afrontar, especialmente a la entrada o salida de su jornada escolar. Ellos se arman con cuchillos y navajas para hacerle frente a la inseguridad que experimentan afuera de la institución.

“Somos víctimas de los delincuentes y de los microtraficantes. Los primeros nos roban los celulares y los segundos nos quieren obligar a consumir drogas”, narra un alumno que prefiere el anonimato.

Dice que sus padres desconocen que él va armado. “Pero debo hacerlo, porque no siempre la Policía está vigilando”.

El niño debe ser orientado

Jenny Alvarado, presidenta de la Asociación de Psicólogos Educativos del Guayas, cree que es importante no generalizar sobre la inseguridad en los planteles educativos. “Sí hay escuelas que respetan los reglamentos, pero hay otras en las que no hay esa garantía. La tranquilidad de los padres debe dársela las autoridades del Ministerio de Educación”.

Dice que el niño debe recibir en casa y en la escuela una orientación en la que aprenda a cuidarse, y una instrucción efectiva que le señale cuáles son sus límites y las de los otros.

Los padres, dice la profesional, deben apoyar los controles que los colegios quieren ejecutar, como revisar maletas para conocer si hay armas.