Los desarrolladores de software están preocupados. La aprobación del Código Ingenios (enviado por el Ejecutivo a la Asamblea) provocaría, dicen, la pérdida de 15.000 empleos.

“Con la aprobación de este código, tal como está, las empresas quebrarían o migrarían a otros países”, dijo a EXPRESO Andrés Burbano de Lara, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software.

¿Cuál es el problema? El centro del conflicto, explicó, son tres artículos. La afectación tiene relación con las normas de propiedad intelectual y el uso de software libre (gratuito) o propietario (pagado) en las instituciones públicas y educativas.

El primer artículo al que critican es el 111. Allí se establece que la propiedad intelectual del software pertenece al autor y que las empresas deberán entregar el 10 % de las regalías. Los informáticos aseguran que en el desarrollo de un programa trabajan muchas personas, a quienes se les da un sueldo. Además, los clientes compran el software “completo”. El riesgo es que prefieran comprarlo en otro país.

El artículo 136, también en discordia, propone que las instituciones públicas y educativas deben usar software libre. ¿Qué pasa ahora? Según la Asociación, solo el 4 % de empresas nacionales produce software libre. El 35 % de los ingresos, de la mayoría de empresas, proviene de la venta de software al Estado. Aprobar este artículo supondría perder esos ingresos.

Y, finalmente, con el Código los proveedores de productos electrónicos están obligados a que los equipos permitan el uso de software propietario y también libre, para que el usuario elija, indica el artículo 137. El inconveniente, señalan los empresarios, es que no todos los equipos lo permiten.