Entre el 1 de enero de 2019, fecha cuando la entidad decidió romper unilateralmente el contrato para la lectura y emisión de planillas de consumo para Guayaquil, y    marzo del presente año, cuando se adjudicó uno nuevo, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) destinó recursos públicos para ese servicio sin formalizar un compromiso contractual.

En ese período de más de dos años, la lectofacturación, a cargo del consorcio Proyelect Holding, costó $ 1’958.172,26. Las autoridades de la empresa pública autorizaron devengar esa prestación    a través de la figura de convenio de pago, la cual no tiene filtros de control y que los organismos del Estado deben utilizar solo en situaciones de excepcionalidad.

La Corporación evitaba revelar los montos pagados a ese prestador cuando EXPRESO lo solicitó en varias ocasiones. Hoy, tras la obligatoriedad para el sector público de transparentar esos gastos desde 2020 en el portal de Compras Públicas, es posible conocer cuánto y para qué se destinaron recursos que representan una afectación presupuestaria al Estado.

En un reportaje que este Diario publicó el pasado 21 de junio sobre los millonarios gastos    mediante convenios de pago realizados por las instituciones estatales, dos expertos cuestionaron el uso que estas dan a esa herramienta.

CNEL, por ejemplo, desembolsó un total de $ 6’025.940,97,    lo que la ubica entre las entidades públicas con mayor monto utilizado para pagar bienes y servicios mediante esa figura jurídica.

Este Diario solicitó formalmente a la administración de la Corporación los justificativos y soportes legales para esas adquisiciones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Entre los documentos publicados en el portal de Compras Pública figura el pago a la empresa Armiled S. A., por $ 2’988.704,91, que se generaron por el servicio de seguridad y vigilancia prestado a las unidades de negocio del 1 de octubre de 2020 al 15 de febrero del presente año.

Según el convenio de pago, firmado por el exgerente general de CNEL, Diego Maldonado, el desembolso correspondía al período que ese proveedor dio servicios sin contrato, después de que el compromiso contractual, suscrito el 2 de abril de 2019, por $ 7’168.643,52, feneciera tras un año de prestación.

Una similar situación aconteció en la Unidad de Negocio Guayaquil con 12 proveedores del servicio de entrega de notificaciones, corte y reconexiones de energía a clientes masivos, que tras vencer sus contratos, continuaron prestando ese servicio hasta la fecha cuando la Corporación concretó una    nueva contratación formal. CNEL pagó un total de $ 976.657,51 por la prestación extracontractual de febrero y marzo de 2020.

Las autoridades de CNEL también aprobaron la compra de insumos de protección contra la COVID-19 para el personal de la Unidad de Negocio Guayaquil, sin mediar procesos de contratación. El gasto fue de    $ 44.677 para disponer de respiradores, trajes desechables, alcohol en gel e isopropanol líquido, mascarillas y atomizadores.

Según los documentos publicados por CNEL, durante la emergencia sanitaria esa unidad de negocio no tuvo la contingencia ni la dotación de insumos necesarios. “La entrega de ellos precautelaron la salud de nuestros compañeros en los momentos más críticos”.