En Guayaquil existen varias clínicas de rehabilitación clandestinas que terminan siendo la experiencia más cruda para estos jóvenes drogadictos.

Sin la infraestructura necesaria, viven en condiciones de insalubridad y hacinamiento total y ni siquiera están atendidos por un personal preparado.

Estás clínicas de rehabilitación se aseguran sus pagos mensuales manteniendo encerrando a esos pobres jóvenes como si fueran animales.

Ya es la segunda tragedia del año en Guayaquil en la que mueren personas encerradas en estos centros.

Los organismos de control tendrían que haber evitado esta tragedia con inspecciones periódicas y clausuras de los centros que no cumplieran con las normativas de funcionamiento. ¿Qué espera el Gobierno para poner mano dura respecto a este tema?

John Torres