Editorial | Decisiones autoritarias

La urgencia política no puede convertirse en patente de corso para arrasar con la institucionalidad. Cuando el poder sustituye reglas por voluntad, el Estado de derecho deja de ser un límite y pasa a ser un estorbo. Las acusaciones públicas sin pruebas concluyentes, las descalificaciones anticipadas y el uso del aparato estatal como un mecanismo de presión erosionan la confianza ciudadana y degradan la democracia. Combatir la corrupción y el crimen es una obligación, pero jamás una coartada para relativizar garantías ni para sentenciar culpables desde el poder.

El país vive una tensión política marcada por investigaciones, denuncias cruzadas y una confrontación permanente que alimenta la sospecha. Resulta incoherente predicar moralización mientras escándalos con pérdidas millonarias o graves cuestionamientos administrativos siguen sin responsables políticos claros. La selectividad mina la credibilidad.

Preocupa, además, que seguridad, justicia e información pública se transformen en trincheras. La presencia de uniformados obstaculizando a la prensa y la instrumentalización de organismos técnicos revelan una peligrosa deriva. Las intervenciones en Segura EP y en Granasa se inscriben en esa lógica de imposición que exhibe rasgos de autoritarismo gubernamental.

La fortaleza de un país no radica en concentrar poder, sino en someterlo a controles efectivos y transparentes.