Las comunidades pobres y rurales de todo el mundo dependen de plantas y animales para procurarse refugio, alimento, ingresos y medicinas. De hecho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre uso sostenible de los ecosistemas (ODS 15), en su pedido de aumentar la “capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles”, reconoce la estrecha relación que tienen muchas sociedades en desarrollo con la naturaleza. Pero ¿cómo lograrlo? La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de 1975 ofrece un marco viable para promover simultáneamente los objetivos de reducir la pobreza y conservar la naturaleza. Esta convención regula la explotación y el comercio de más de 35.000 especies silvestres en una variedad de lugares. El marco trazado por la Cites, en combinación con sólidas políticas conservacionistas nacionales, puede proteger las especies silvestres y al mismo tiempo beneficiar a pobres, campesinos e indígenas, al alentar a los países y las comunidades a que adopten planes de gestión ambiental razonables. Las mayores amenazas al comercio legal de especies silvestres son la caza furtiva, el contrabando, la concesión indebida de permisos de comercio y el maltrato a los animales, y deben ser resueltas por las autoridades y las partes rurales interesadas en el nivel local. Felizmente, las comunidades rurales ya están en la mejor posición para proteger la vida silvestre, siempre que tengan motivos para hacerlo. En las circunstancias correctas, la mejor solución a largo plazo (y a veces, la única) para el problema de la sostenibilidad es la existencia de un círculo virtuoso en el que los productores locales tienen un interés directo en proteger las especies silvestres porque se benefician con su comercio legal. Los gobiernos pueden colaborar aumentando el derecho de las comunidades rurales al uso de especies silvestres y recursos naturales, para que estas puedan gestionarlos y protegerlos en forma sostenible. Por ejemplo, la decisión tomada en los setenta por Perú de otorgar a las comunidades andinas el derecho de usar la lana de vicuña salvó este animal de la extinción y creó nuevas fuentes de ingreso duraderas para la comunidad. Como las circunstancias jurídicas y naturales de cada país y de cada comunidad son distintas, se necesitan innovaciones políticas similares en diferentes sectores. Una posibilidad muy prometedora es el turismo, que también cabe en el marco de la Cites. Más en general, debemos dar apoyo a los científicos que trabajan en nuevos métodos de gestión adaptativa e incentivar al sector privado para que invierta en aumentar la sostenibilidad en la obtención de materias primas y la transparencia de las cadenas de suministro y producción. Conservar los recursos naturales y mejorar la capacidad de subsistencia de las comunidades rurales pobres no son objetivos incompatibles, e incluso se refuerzan mutuamente. Con más voluntad política e inversiones inteligentes, nada impide alcanzar los ODS relacionados con la reducción de la pobreza y con la conservación de la vida silvestre para las generaciones futuras. El año pasado, la ONU aprobó una resolución histórica que hace frente al tráfico ilícito de especies silvestres y reconoce la eficacia del marco legal sentado por la Cites. La resolución pide a los 182 países firmantes que protejan la vida silvestre y al mismo tiempo provean beneficios tangibles a las comunidades pobres y rurales.

Project Syndicate