Una nueva destitución entra en análisis. El presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, José Chimbo, de Pachakutik, tiene cinco días para presentar el informe sobre la situación del legislador Eckenner Recalde que fue acusado por su propia bancada de Izquierda Democrática (ID) de presuntos cobros a sus colaboradores a cambio de garantizarles la permanencia en el despacho.

Este es el segundo proceso de este tipo que tramita, en algo más de un mes, esta instancia legislativa que el 6 de octubre pasado aprobó el documento que recomendó la destitución de Bella Jiménez, que también llegó auspiciada por la ID, y a la postre selló su salida del Legislativo.

El comité desarrolló ayer la práctica de la prueba presentada por la denunciante Johanna Moreira en contra de Recalde. Por algo más de siete horas se escucharon los argumentos de integrantes y exintegrantes de la oficina del asambleísta.

Javier Ortuño reveló que desde junio de este año habrían empezado las insinuaciones, a través de uno de los asesores, de que todos los integrantes del equipo debían dar un aporte. “El primero de septiembre, al ingresar a la oficina del asambleísta, nos ratifica que lo que Patricio Guayaquil nos ha venido diciendo desde junio (sobre el aporte) debía darse porque debía darse”, señaló.

En un inicio se le dijo que este dinero se iba utilizar para la creación de una sede política en el sur de Quito para impulsar candidaturas para las elecciones seccionales. Luego cambió el destino y se habló de cubrir complicaciones que habrían surgido en la campaña electoral pasada.

Alexandra Mayanquer, quien también fue parte del equipo de Recalde, añadió que le establecieron una tarifa de $ 200, en tanto que Ortuño y Guayaquil debían poner $ 500.

Eso debía ser entregado a Carmen Calderón que, aunque aparece como integrante del despacho de la asambleísta Carmen Guanoluisa (ID), según Mayanquer trabajaba en la oficina de Recalde. Calderón reconoció ser cuñada del asambleísta cuestionado.

Mayanquer tomó la decisión de empezar a grabar las conversaciones que se producían en el despacho sobre este tema y esos audios también fueron presentados como pruebas. Moreira aseguró que un perito determinó que las grabaciones no fueron alteradas y pidió que el Comité de Ética actúe de forma similar que en el caso de Jiménez y recomiende la destitución de Recalde.

Guayaquil reconoció que pidió una colaboración con el objetivo de impulsar la candidatura de Ortuño a la concejalía de Quito y que él mismo comprometió $ 500 para el efecto pero no para entregarlos a Recalde. Sin embargo, aseguró que finalmente nadie entregó los aportes.

La defensa de Recalde cuestionó que no se haya presentado ninguna prueba física de la supuesta entrega de dinero y dijo que sin eso no se puede demostrar la materialidad de la irregularidad y dijo que no se puede hacer responsable al asambleísta de una decisión que habrían tomado entre los asesores.

A diferencia de su excompañera de bancada, Recalde pidió a los comisionados el archivo de la denuncia en su contra.

La decisión, en manos del pleno

Una vez que el presidente del Comité de Ética presente el informe con las recomendaciones, se abre un plazo de 48 horas para que el resto de integrantes presenten observaciones.

Luego, será enviado a la Presidencia de la Asamblea para que vaya a consideración del pleno.