Jornada maratónica con cruce de versiones. El hermetismo marcó este lunes 28 de octubre el primer día de recepción de testimonios que lleva adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los actores de las protestas que se produjeron en el país, entre el 3 y el 14 de octubre.

La primera parada del organismo fue Quito. En el lobby del hotel elegido para oír las versiones, se cruzaron integrantes del movimiento indígena, manifestantes y los policías que hace pocos días se enfrentaron en las calles. Esta vez no hubo beligerancia, pese a que ambos bandos se consideran afectados por la violencia que, por momentos, desembocó en vandalismo.

A diferencia de otras visitas de la CIDH, ayer hubo limitantes para la prensa que no pudo acceder al lugar donde se tomaron los testimonios. Tampoco hubo un vocero de la Comisión para explicar el mecanismo y tratamiento que se dará a la información recogida. Extraoficialmente EXPRESO conoció que cinco técnicos de la CIDH tomaban las versiones. Para la tarde, una larga fila de personas esperaba ser atendida por la Misión; cada una con su propia versión.

Carlos Coloma, presidente de la Corporación de Defensa de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación, fue uno de los primeros en llegar para contarle, según él, a la CIDH que las protestas fueron motivadas y financiadas por intereses extranjeros, específicamente de Venezuela.

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Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Alexandra Morales, denunció a la Comisión que los integrantes de su organización fueron víctimas de “una represión exagerada y sin precedentes de parte de los policías y militares”.

El coronel de policía, Christian Rueda, que el 10 de octubre fue retenido por los dirigentes indígenas en la Casa de la Cultura, también acudió a contar su experiencia. Junto a él algo más de un centenar de uniformados puso a disposición de la CIDH sus casos.

La Comisión Interamericana llegó al país por un pedido del Gobierno que busca descartar que se hayan violado derechos humanos durante las manifestaciones. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, señaló ayer que se debe valorar cada caso que se presente, incluyendo los de “la gente que lo perdió todo, que fue secuestrada, los que no pudieron ser atendidos en hospitales, los que se quedaron sin servicio de agua. Todos esos son los derechos que se tienen que revisar”, señaló.

Veeduría se extiende a las cárceles

La Comisión prevé realizar entre hoy y mañana, recorridos por el Centro de Menores Infractores Virgilio Guerrero, el Centro de Detención Provisional de El Inca y la Cárcel de Latacunga, en donde se encuentran algunos detenidos por la protesta.

Ana Bonilla habló ayer ante los comisionados de la CIDH y aseguró que seis menores de edad, entre 14 y 17 años, permanecen recluidos luego de ser capturados en las inmediaciones de la Contraloría.