El CES aprueba que se intervenga la ‘Estatal’

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El CES aprueba que se intervenga la ‘Estatal’

La medida será por 90 días prorrogables. La comisión interventora la presidirá el exministro Roberto Passailague.

Incertidumbre. En la plazoleta de la universidad, alumnos y docentes esperaban que culmine la crisis de la entidad y que se defina el inicio de clases.

La situación de bicefalia en que vive la Universidad de Guayaquil desde hace dos semanas por la pugna del rectorado y los actos de violencia que se dieron en los últimos días, llevaron anoche al Consejo de Educación Superior (CES) a aprobar la intervención de esa institución educativa.

Tras un sesión extraordinaria que duró cerca de tres horas, los miembros de ese órgano colegiado resolvieron adoptar varias medidas, basadas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.

El CES dispuso la inmediata intervención integral de la universidad. La medida tendrá una duración máxima de 90 días prorrogables. Hace 5 años, la ‘Estatatal’ también fue intervenida por decisión de esa autoridad, porque se detectaron irregularidades.

Se nombró una Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional. Según la resolución, la presidirá Roberto Passailaigue, exministro de Educación, y tendrá como miembros a Fernando Espinoza, Christian Pazmiño y Tito Quintero.

La comisión interventora queda autorizada para suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la ‘Estatal’. Por ello, asumirá temporalmente las funciones del Consejo Universitario y su presidencia, del rector de la institución y la representación legal, judicial y extrajudicial.

El CES dispuso que las autoridades y funcionarios de la Universidad de Guayaquil presten todas las facilidades y demás condiciones necesarias para que la comisión interventora cumpla con los fines encargados. Así también, se crea una comisión de seguimiento al proceso de intervención, conformada por cuatro miembros y presidida por Catalina Vélez, presidenta del CES.

Gulnara Borja y Antonio Rodríguez, quienes se disputan el rectorado de la universidad, reaccionaron de forma distinta sobre la decisión tomada anoche por la autoridad de educación superior.

Borja dijo a EXPRESO que no está de acuerdo, y espera que esta vez “la intervención no sea tan nefasta como fue la anterior”. También comentó: “Esperaremos que llegue la comisión interventora para poder tomar las directrices y volver al orden”.

Para Rodríguez, se debe respetar la resolución del CES. Dijo confiar en que la intervención de 90 días “sirva para que reine el diálogo, la paz, la tranquilidad en la institución”.

Quien presidirá la comisión interventora, Roberto Passailaigue, sostuvo que la medida fue tomada para devolver la estabilidad a la universidad. Adelantó que estará abierto a dialogar con Borja y Rodríguez para contribuir a la pacificación y desarrollo de la institución. “A mí me consultaron si podría prestar contingente en esta tarea, y si se trata de mi universidad, estoy presto a apoyar para su rescate”, puntualizó.

Difundieron audios

Denuncian tráfico de influencias

Delegados estudiantiles ante el Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, denunciaron que personas allegadas a Gulnara Borja, intentan comprar sus votos ante el consejo universitario que ella preside.

Ellos presentaron unos audios donde se escucha la conversación de una persona que se identifica como Manuel Samaniego (concejal de Guayaquil), quien llamó a Carlos Vera, delegado estudiantil, para ofrecer un trabajo donde ganaría más de $ 1.000 mensuales. El beneficio se daba si se cambia al grupo de Borja y vota por ella para rectora.

Vera responsabilizó a Samaniego de cualquier acto de violencia que pudiera sufrir su familia. Leonela Cedeño, otra delegada estudiantil, expuso un audio de otra persona que le ofrecía 10 puestos de trabajo por su voto por Borja.

A través de su cuenta de Twitter, Samaniego rechazó la ilegal difusión del audio “que mutila la conversación con la intención de perjudicar mi reputación y afectar mi ejercicio como concejal. Es evidente que su finalidad es causar un perjuicio”, anotó, tras anunciar acciones legales respectivas.