EXPEDIENTE LAS TORRES
Expediente. La instrucción fiscal por posible delincuencia organizada ya supera los 160 cuerpos procesales.Angelo Chamba

Celi habría sido advertido de cobros a cambio de informes

La viceprefecta de Pastaza dijo en su versión en el caso Las Torres que le pidieron 250.000 dólares. Fue contactada por un funcionario de Contraloría

En un mes y 10 días Cumandá Guevara podía pasar de viceprefecta de Pastaza a ocupar la Prefectura de la provincia. Solo debía pagar 250.000 dólares que serían repartidos entre cinco directores de la Contraloría.

Dice que la denuncia del cobro la presentó al propio contralor Pablo Celi en 2019. La repitió en la versión sin juramento que rindió en la Fiscalía el pasado 3 de mayo, a las 14:30, en el caso de posible delincuencia organizada denominado Las Torres.

La Fiscalía investiga el posible pago de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y la agilización en el pago de planillas que involucra a una supuesta estructura delincuencial integrada por los más altos funcionarios de la Contraloría, Secretaría de la Presidencia y Petroecuador, empresarios y otros sospechosos.

Pero al parecer el cobro de sobornos también habría estado en la elaboración de informes por auditorías a contratos de autoridades seccionales. Guevara cuenta a EXPRESO que en una reunión en Tungurahua con empresarios para impulsar iniciativas había comentado que tenía un problema para actuar. Había hablado de las acciones de control contra el prefecto Jaime Guevara.

Para conocer el estado de esas investigaciones le habían recomendado el nombre de un funcionario de la Contraloría que debía darles luces sobre la situación de los expedientes.

Se reunieron una primera vez. En lugar de decirle cómo iban las acciones de control el joven a quien le dirigieron le habló del pago de 250.000 dólares y le señaló que el prefecto, supuestamente, “pagaba 100.000 dólares” por director. En total sería medio millón de dólares.

Ella dice que cuestionó la actuación del funcionario. Pero él habría dicho que es parte del sistema, que así es.

Hubo una segunda reunión. Pero en ella el funcionario fue grabado pidiendo sobornos. Las grabaciones se difundieron en redes sociales. La viceprefecta dice que no pagó y que la consecuencia de eso es haber sido relegada de toda actividad en la Prefectura de Pastaza, se le retiraron todas las competencias y de parte del funcionario, “he sido violentada de todas la maneras, no se me permite actuar”, señaló a este Diario.

Guevara aseguró que trató de hacer llegar un CD con la grabación al contralor subrogante, pero que, luego de advertirle lo que pasaba, él nunca más le recibió.

EXPRESO se contactó con el prefecto señalado para solicitar un comentario. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Quien sí respondió fue Marcelo Ron, defensor del contralor Pablo Celi, preso desde hace más de un mes en la cárcel 4 de Quito junto con su hermano Esteban, el exsecretario de la Presidencia José Agusto y su hermano Luis.

Son los cuatro detenidos por el caso que tiene en total 14 investigados. El lunes, la Fiscalía vinculó a cinco sospechosos del posible delito. El juez Felipe Córdova no dictó su prisión solicitada por la Fiscalía.

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Ron señala que lo afirmado por la viceprefecta es falso. “Lo que Pablo Celi le pidió es que presente la denuncia y adjunte el CD a la misma para iniciar los procedimientos, tanto de carácter administrativo, así como también para poner en conocimiento de Fiscalía”. Afirma que ella se había negado a entregar.

Insistió que lo que le ha dicho a Guevara es que mientras no le entregue una copia del CD y la denuncia respectiva él no puede actuar y si no quiere entregar el CD y presentar la denuncia no hay de qué actuar.

Por este caso la Fiscalía anunció una investigación previa para Celi y otros porque contaría con los documentos de soporte anunciados por la funcionaria seccional. El cobro de coimas habría sido una práctica usual. En el mismo caso Las Torres un empresario de NoLimit, en su versión, ya aseguró que en 2012 le cobraron sobornos en la Contraloría por un contrato de 35 millones de dólares. Las investigaciones siguen.

Defensa

Elementos en contra de José Agusto

Joan Paúl Egred es el abogado del exsecretario de la Presidencia José Agusto.

Él asegura que lo único que tiene la Fiscalía en contra de Agusto es “que supuestamente, de forma verbal, el señor Agusto Briones habría pedido al exgerente de Petroecuador que no remueva de su cargo a de la Torre”.

Se refiere a Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi, procesado y sentenciado en Estados Unidos tras aceptar el cobro de coimas.

Dice que eso es falso y que no puede ser comprobado. Afirma que de ser cierto, “nada tiene que ver con la estructura criminal que supuestamente desvanecía glosas ni con contratos de Petroecuador”.

El detalle

Sospechosos. La Fiscalía investiga a 19 personas por la sospecha de integrar una estructura delincuencial.