La presidenta Elizabeth Cabezas se pasó la última resolución del Pleno de la Asamblea por el forro de la chaqueta. Alegremente y sin dar explicaciones. Esa resolución le mandaba (y ella no cumplió) incluir como primer punto de la sesión de ayer el tratamiento del caso Alvarado: la fuga del hombre fuerte del aparato de propaganda correísta y la evasiva actitud de las autoridades del gobierno que, llamadas a rendir cuentas sobre el tema ante el Poder Legislativo, no fueron capaces de aportar un solo dato válido en tres días de comparecencias. En su lugar, Cabezas compuso un orden del día de mero trámite y sin política. Fue necesaria una desesperada intervención de último momento (de la azuaya Lourdes Cuesta, de CREO) para que el caso Alvarado volviera a aterrizar con vida en el recinto parlamentario.

Con el de Alvarado ya son tres los casos de control político que la presidenta Cabezas mantiene en la congeladora para desesperación de las bancadas de oposición. Los otros dos son los de las asambleístas Norma Vallejo (oficialista) y Sofía Espín (correísta), que cuentan ya con sendos informes elaborados por las respectivas comisiones investigadoras para conocimiento del Pleno. En ambos casos se pide su destitución. Pese a las alharacas iniciales, Cabezas no ha dado indicios de su voluntad de abrir el debate sobre ambos informes en la sesión plenaria. Y el mismo caso Alvarado no tiene fecha de continuación. “Quiero creer que el jueves nos llamarán para tratar los tres”, dijo Lourdes Cuesta sin demasiada esperanza.

Con su habitual media hora de retraso y rodeada de la parafernalia de edecanes y asistentes que la acompaña, la presidenta de la Asamblea ingresó ayer al hemiciclo por el corredor opuesto a aquel en que se encontraban los periodistas, evadiendo ostensiblemente sus micrófonos. Una vez instalada la sesión, se encontró con el pedido de cambio del orden del día que Lourdes Cuesta, al ver que el caso Alvarado no figuraba en la agenda, se había apresurado a presentar la víspera. Se trataba de una propuesta de resolución (que terminó siendo aprobada por unanimidad) para llamar a cuatro funcionarios más a rendir cuentas sobre las sospechosas circunstancias que rodearon la fuga del exsecretario de Comunicación.

Esos cuatro funcionarios son los tan vapuleados mandos medios sobre quienes las altas autoridades, que por delegar delegan hasta la responsabilidad política, cargaron toda culpa en este caso. Está Vanesa Mejía, la supervisora de los operadores encargados de monitorear el sistema electrónico de vigilancia, una de las despedidas de su cargo por Paúl Granda. Está Eliana Pacheco, supervisora nacional del sistema. Y están los dos gerentes del sistema: Roberto Vaca, que renunció dos días antes de la fuga de Alvarado sin que nadie al parecer se diese por enterado, y Marco Lozano, quien se apareció el domingo, al día siguiente de la fuga, convertido en nuevo gerente de la noche a la mañana.

Quizás ellos sí puedan responder por qué se cayó el sistema de monitoreo por dos horas el día de la fuga; por qué no se atendieron las alertas; por qué no se cambiaron los dispositivos con fallas; y por qué, en palabras de Cuesta, “las autoridades no tienen idea de lo que pasa en sus propias instituciones”. ¿O la tienen? El juicio político parece estar servido y el ministro encargado de Justicia, Paúl Granda, aparece como la cabeza más visible para cargar con él. Eso será, claro, si la presidenta Elizabeth Cabezas no sigue jugando con los tiempos.

Cabezas en la tormenta

A nadie le gustó nada que la presidenta desacatara una resolución del Pleno. Desde Vicente Taiano (PSC), para quien se trata de “un falso espíritu de cuerpo”, hasta la correísta Marcela Aguiñaga, que ve en el tema un “cálculo electorero”, asambleístas de todas las tendencias criticaron la actitud de Elizabeth Cabezas.