Fue un giro inesperado: en medio de la audiencia de impugnación a la candidatura de Enrique Herrería para la Corte Constitucional, uno de los impugnadores, Fernando Andino, terminó defendiendo la inocencia del exvicepresidente Jorge Glas. No fue la única sorpresa. Hubo gritos, protestas y salidas de tono de la parte acusadora. Indignados por cómo Herrería desarrollaba su defensa, los impugnadores perdieron los papeles. Hasta de los puestos que les asignaron en la sala se quejaron cuando se prendió la cosa. Cundió el desorden en las barras y Ernesto Albán, tolerante coordinador de la Comisión Calificadora, tuvo dificultades para mantener el orden. Herrería, sentado en una suerte de banquillo de los acusados, miraba con tranquilidad el espectáculo.

Él es uno de los nueve candidatos mejor puntuados en el concurso para integrar la nueva Corte Constitucional. En su contra se presentaron cinco impugnaciones que son, básicamente, una sola: la elaborada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Las otras cuatro son iguales, a tal punto que la Comisión había decidido, en aras de la brevedad procesal, juntarlas todas en un solo alegato. Se negaron los impugnadores y la audiencia derivó en una sucesión de cinco intervenciones que repitieron una tras otra los mismos argumentos.

La acusación es grave: haber ordenado detenciones ilegales, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra miembros de la guerrilla Alfaro Vive Carajo. Los impugnadores se respaldan en el informe de la Comisión de la Verdad constituida en 2007 para investigar las violaciones a los derechos humanos en los años ochenta y noventa, informe en el cual Herrería consta como “Presunto responsable”. Y presentan una orden de detención, firmada por él, el primero de febrero de 1991 (en ese entonces era intendente de Policía del Guayas), y referida a un apresamiento que ocurrió, en realidad, la víspera: el 31 de enero. Todo esto, dicen los acusadores, demuestra su “falta de probidad e idoneidad”.

A su turno Herrería narró la historia, que documentó con recortes de prensa y expedientes judiciales. El 31 de enero de 1991 (el gobierno de Rodrigo Borja había logrado un acuerdo de paz con la guerrilla que culminaría en febrero con la entrega de las armas) un grupo armado asaltó una sucursal del Banco de Fomento en Guayaquil. Antes de entrar, le pegaron cuatro tiros a un policía y lo mataron. Luego intimidaron a los empleados, tomaron dos millones de sucres y, cuando huían, fueron cercados. Hubo un tiroteo. Dos de los asaltantes murieron, uno escapó con el botín y otra, María Banchón, fue detenida. “No hubo tortura, no hubo ejecuciones extrajudiciales”, dijo. La orden de detención no fue elaborada antes porque se trataba de un delito flagrante. La firmó él, al día siguiente, “porque en ese entonces el intendente actuaba como juez de instrucción y eso era lo que mandaba el Código Penal vigente”.

Mientras hablaba Herrería, la gente que acompañaba a los impugnadores actuaba como una verdadera claque: risas, burlas, expresiones de rechazo que pusieron nerviosos a los comisionados. Especialmente cuando explicó que la Comisión de la Verdad nunca lo convocó para que se defendiera, y responsabilizó de ese hecho a su mesa de asesores, una de cuyos integrantes, al parecer, se encontraba presente. Más aún cuando pasó al ataque, identificando a sus acusadores con el correísmo (cosa que Fernando Andino, defensor de Jorge Glas, admitió con orgullo), con el apoyo a las FARC (y aquí exhibió boletines de Inredh) y con ciertos manejos turbios de su abogado David Cordero que no pudo terminar de exponer porque, en ese momento, ardió Troya.

De todo le acusaron sus impugnadores a la hora de la contrarréplica. Especialmente de revictimizar a María Banchón, la detenida del año 91 que ahora resulta que es jueza de la república (impugnada a su vez por Herrería, quien la acusa de falta de probidad para ejercer el cargo). Una jueza que tomó parte en un asalto de banco a mano armada con asesinato de por medio. La nombró el correísmo, claro.