Lagartos o Choneros, policías o penitenciarios. El último enfrentamiento armado en la Penitenciaría del Litoral, que se saldó con 11 reos muertos y más de una decena de heridos (entre ellos policías), dejó a la vista un mal manejo en cuanto al control de la cárcel con más población penitenciaria. Una violencia que tiene antecedentes y que ha forzado a las autoridades a tomar medidas con estados de excepción, para garantizar el orden y la seguridad interna de los internos.

¿Qué se ha logrado con las emergencias carcelarias? ¿Tienen las autoridades el control o lo tienen los reos? ¿Quién manda a quién?

El general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), ha reiterado en entrevistas que ellos mandan en los Centros de Rehabilitación Social (CRS). EXPRESO consultó a la autoridad sobre las condiciones internas de la prisión y sobre los problemas de control, pero la respuesta aún está pendiente.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, mencionó que uno de los resultados de las medidas que han adoptado es la disminución del porcentaje de hacinamiento. Propuso trabajar por la educación y valores de los agentes.

Héctor Reyna, director de la ‘Peni’, fue más allá. Afirmó que hay 62 guías para 9.000 presos. Insuficientes para una población carcelaria tan grande y violenta. Según aseguró, enfermeras, cocineros, entre otros, han sido detenidos por tratar de ingresar armas a la Penitenciaría de Guayaquil, a pesar de que las visitas están suspendidas. Al 12 de agosto, nueve días después de la masacre, detalló que tras los operativos realizados luego del último enfrentamiento en este centro penitenciario, se identificaron tres armas de fuego, celulares y armas blancas.

Pero quienes están al interior de las cárceles, los agentes de seguridad penitenciaria (ASP), revelan otra realidad. “Esto es una bomba de tiempo. Los hechos que están pasando no son nada comparados con lo que puede llegar a pasar. Las bandas se están organizando en cada centro de rehabilitación social”, alerta Álex Gavilanes, representante de aproximadamente 800 exguías y agentes penitenciarios que están activos en los 54 Centros de Rehabilitación Social en Ecuador, que buscan asociarse para tener voz y voto en las decisiones que se tomen para el control y la seguridad de los CRS del país.

Según el ASP, la situación se ha agravado desde 2019. Los asesinatos que ocurren tanto en la Penitenciaría como en la Regional 8, Latacunga o El Turi, están conectados, “porque sencillamente no hay control, no hay cadena de mando”. Esa situación es la que los ha llevado a agruparse porque, según Gavilanes, las autoridades administrativas no ven la necesidad de fortalecer el cuerpo de vigilancia, “que debería ser tratado como la columna vertebral del sistema carcelario, pero lamentablemente al guía penitenciario no se lo toma en cuenta para ninguna decisión”.

Internamente han detectado que las dos bandas más fuertes que existen en la Penitenciaría son Los Choneros y Los Lagartos, quienes mantienen constantes pugnas de poder, interna y externamente, por el tráfico y la venta de drogas en la ciudad.

Gavilanes asegura que apenas 88 guías resguardan en tres turnos a 3.800 privados de la libertad (PPL), que están en los 16 pabellones de la ‘Peni’. Mientras que en toda la Regional se cuenta con el resguardo de 180 agentes en total, para más de 7.000 reos. “En el pabellón donde mataron al israelí había solo un guía a cargo de 270 PPL”, afirma el dirigente.

En su comparecencia ante la Asamblea, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, resaltó que “el problema de los centros de rehabilitación es estructural, en los aspectos: modelo de gestión, presupuesto, normativa, realidades, plan de guías, entre otros”.

Las declaratorias de emergencia en las cárceles no han servido para ellos, asegura Gavilanes. En los ocho años que tienen como ASP han recibido tres capacitaciones virtuales de derechos humanos, pero ningún simulacro de amotinamiento, de fuga, de incendio, o lo que últimamente se está dando: apagones. Tampoco han recibido dotación adecuada. “Solo estamos armados de valor”, hiperboliza. Y con ese valor, el pasado 20 de agosto, ocho agentes realizaron una requisa en la Regional 8. En una foto demostraron lo que fue el resultado de la redada: cerca de doscientas armas cortopunzantes y punzocortantes (entre machetes y cuchillos), armas de fuego, estupefacientes, equipos tecnológicos.

A decir del dirigente, con el Ministerio de Justicia tenían los mismos problemas. “Tanto así que compañeros que alzaron su voz de protesta, como respuesta tuvieron la terminación de contratos de servicios ocasionales. A los que no, los trasladaban de un día a otro (a otro centro carcelario). Si estaban en Tulcán, al siguiente día tenían que presentarse en Loja, y si no se presentaban les daban por terminado el contrato o simplemente les abrían un sumario administrativo o los obligaban a renunciar”.

Pero a partir de 2019 asegura que la situación se volvió más “abusiva”. “Hicieron firmar a todos los guías penitenciarios un documento de confidencialidad, es decir que está prohibido hablar lo que ocurre internamente en las cárceles. Por eso nos hemos apoyado en los exguías que salieron por denunciar este tipo de situaciones”, reclama.

SEGURIDAD

La seguridad externa de las cárceles está al mando de la Policía Nacional, además de las requisas que se requiera realizar internamente en los Centros de Rehabilitación.

Un guía puede estar a cargo de más de 400 presos ubicados en un pabellón de las cárceles de Guayaquil.