Si las políticas públicas para afrontar el desastre carcelario en el Ecuador son las que enunciaron el jueves las autoridades del área de la seguridad que comparecieron ante la Asamblea, está claro que el Gobierno no tiene nada sino un diagnóstico. Si la solución pasa por dictar una serie de reformas legales que otorguen al Estado las herramientas necesarias para luchar contra el crimen transnacional organizado, resulta obvio que ningún asambleísta (y tampoco la ministra de Gobierno) las tiene claras. Ayer el tema de las cárceles aterrizó en el Pleno. Tras cinco horas de exposición y debate una sola  idea estaba clara: el problema supera a todos y ni siquiera lo saben.

“Ruego a los señores asambleístas atender a la participación de las autoridades”, llamó la atención la presidenta Guadalupe Llori: el barullo se oía hasta por streaming. Y la verdad es que no había mucho que atender: ni la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; ni el director del sistema carcelario, Bolívar Garzón; ni la comandante general de la Policía, Tannya Varela, ni el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, fueron capaces de aportar una sola idea que no fuera del dominio público. Lo que se esperaba fuera un firme mensaje político sobre la gravedad de un problema que amenaza al conjunto de la institucionalidad del Estado, no pasó de una tibia enumeración de estadísticas, una aburrida descripción de entramados administrativos y una colección de datos que no venían a cuento.

Estilo retórico de la ministra: “Los Comités de Seguridad Ciudadana Provinciales son organismos encargados de coordinar acciones para asegurar la convivencia pacífica”, etcétera, etcétera, “siendo sus objetivos: diseño y ejecución” etcétera, “acciones focalizadas y respuestas efectivas”, etcétera, etcétera, “distritos y subdistritos”, punto. Así, una hora.

La caracterización de las víctimas de la violencia, el incremento de los femicidios, hasta la incidencia del suicidio entre los adolescentes ocuparon a la ministra Vela. El director de cárceles despachó las ya conocidas cifras sobre el hacinamiento. El jefe de las Fuerzas Armadas hizo el inventario de las operaciones aeromarítimas, de las horas de vigilancia, de las acciones de reconocimiento... La jefa de la Policía, que se centró en la Zona 8, es decir Guayaquil, Durán y Samborondón, habló sobre los parques sin mantenimiento, dio la cifra exacta de luminarias públicas en mal estado (se explayó largamente en este tema), enumeró los puntos de mendicidad en los semáforos, los bailaderos y hasta las llamadas para retirar borrachos. “Estos -dijo- son los factores de riesgo y las amenazas”.

En cuanto a reformas legales para afrontar la crisis de las cárceles, algo dijo Alexandra Vela sobre la necesidad de tipificar nuevos delitos relacionados con el crimen organizado, pero no especificó cuáles. Y pidió reformar el Código Penal en lo referente al control de armas blancas. Y con eso piensa enfrentar la crisis de las cárceles y lo que ella llama, con razón, "un problema de criminalidad compleja". Cerca del final de su comparecencia, en el mismo tono monocorde con el que despachó toda su exposición, dejó caer la frase “se encuentra en fase de diseño una estrategia nacional contra la delincuencia organizada”. Pero para ese momento nadie la estaba oyendo.

No fueron muy diferentes las cosas a la hora del debate. Que si por odio eliminó Lenín Moreno el Ministerio de Justicia; que si no es hora de que la cárcel de Ibarra salga del centro de la ciudad, donde colinda con un colegio; que si no resulta increíble que hasta el momento no haya responsables de las matanzas... Un nivel de debate a años luz de la gravedad del problema. Finalmente, el Pleno  votó una moción de la asambleísta de Pachakutik Patricia Sánchez que proponía, entre otras cosas: que la Policía y las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto “hasta que el Ejecutivo manifieste de forma pública que se ha superado la crisis; que el presidente de la República decrete el control del porte de armas; que informe en 30 días sobre la conveniencia o no de mantener a la Policía bajo la rectoría del Ministerio de Gobierno; que se disponga el control militar y policial de la frontera. El proyecto de resolución fue aprobado (que no es vinculante para nadie, como la mayoría de las cosas en las que emplea su tiempo el Pleno de la Asamblea) fue aprobado con 92 votos a favor, la abstención de la Izquierda Democrática y la negativa del bloque de gobierno. Si no hubiera sido aprobado, tampoco pasaba nada.