Una cantera que apila “incumplimientos”

Los problemas se amontonan en los escritorios de los responsables de Evadriana VI como los “cascajos” que, según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), extraen sus operarios “en el bosque protector Cerro Blanco”.

Mientras los vecinos de Portal al Sol exigen el cierre de la cantera y los gestores de la Fundación Pro-Bosque reclaman que los dueños “paguen por los daños ocasionados”, las autoridades continúan armándose de razones antes de dictar sentencia.

Anteayer, el Ministerio del Ambiente (MAE) precisó a EXPRESO que la compañía “no” está cumpliendo con el plan de acción diseñado para subsanar las deficiencias descubiertas en la primera inspección, realizada en julio. Este extremo se confirmó durante un nuevo examen, efectuado el pasado 12 de enero.

Algunas de las falencias detectadas hace medio año estaban relacionadas con el orden, la limpieza, quema y “correcta disposición” de desechos comunes y peligrosos; el riego de los accesos para evitar polvaredas; o la “falta de extintores”, entre otras. Los técnicos también se refirieron entonces a la “posible” explotación “ilegal” del área protegida.

Los moradores creían que el Cabildo supervisaba a esta concesionaria, como a tantas otras emplazadas en la vía a la costa. Pero Bolívar Coloma, director municipal de Ambiente, remarcó que sus competencias solo abarcan a las registradas “bajo el régimen de explotación de materiales de construcción”. Evadriana VI, sin embargo, “se dedica a los minerales no metálicos”.

El funcionario atendió a este Diario por escrito. Y contestó a cuatro de las nueve preguntas formuladas. Eludió comentar hasta cuándo continuarán operativas las canteras o los riesgos que entraña el polvo para la salud, según los residentes.

El MAE recurrió a una técnica similar. EXPRESO solicitó entrevistar a un responsable, pero sus respuestas llegaron a través de dos comunicados.

En uno de ellos, confirmó que la empresa extrae arcilla, no materiales de construcción. Por eso es el organismo que debe tramitar su licencia ambiental, como recoge la Ley de Minería y quedó ratificado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Dicho documento se encuentra en proceso de “regularización”.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la presidenta de la ciudadela Portal al Sol, Katty Rugel, el 20 de junio. Casi dos semanas más tarde, funcionarios del MAE se personaron en las instalaciones y emplazaron a Arcom a actuar conforme “a sus competencias”.

Los técnicos de la agencia acudieron a la compañía el 28 de noviembre. En su informe indicaron que los trabajadores estaban “operando” en unas dos hectáreas de Cerro Blanco y alertaron de la existencia de “grandes farallones”, que “ponen en riesgo” a los vecinos y empleados.

En paralelo, el MAE había solicitado a sus dueños que presentaran un “plan de acción” (fue aprobado casi dos meses más tarde). Y hace nueve días, representantes ministeriales regresaron para “verificar” si los avances se estaban ejecutando. Concluyeron que “no cumplían” las medidas recogidas en el documento.

Ahora, otro interrogante sobrevuela el caso. Porque los cascajos a menudo se emplean como material de relleno en muchas construcciones. Y según el memorando de Arcom, los obtenidos “dentro” de Cerro Blanco se destinaban a la “venta”. Pero ni el Municipio ni el MAE se han referido a este asunto todavía.

POTESTAD

Cuando exista un incumplimiento de las obligaciones ambientales, el MAE tiene la facultad de “suspender” las actividades mineras, ya sean legales o ilegales, e imponer “medidas preventivas, correctivas, sanciones y multas”.

LOS DAÑOS

Los promotores de proyectos que produzcan “daños al sistema ecológico o alteraciones al ambiente” serán responsables “de la rehabilitación, compensación y reparación” de los daños (sin perjuicio de las acciones judiciales derivadas).

CORRECCIONES

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, cuya aplicación es de ámbito estatal, subraya que no corregir las carencias detectadas será motivo para que el MAE lleve a cabo “la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental”.

A EXAMEN

El MAE no ha tomado aún una decisión definitiva. En conjunto con Arcom, realizará una nueva inspección para contar con “los instrumentos necesarios”, que le permitan iniciar “acciones” conforme a la “normativa vigente”.