Como un regalo atrasado del rey Momo, el CNE informó al país que hay un total de 81.278 candidatos legalizados para las dignidades a las elecciones del 24 de marzo. La cifra mencionada alarmó a un conjunto de analistas, cientistas sociales y líderes políticos. Pero EXPRESO la desglosa de la siguiente manera: para (23) prefecturas y viceprefecturas hay 446 aspirantes, para (221) alcaldías hay 1.872 candidatos, para concejalías urbanas, rurales y por distrito hay 25.020 postulantes y para (823) juntas parroquiales rurales hay 53.265 pretendientes. Esta cifra récord de candidaturas obedece a varios factores, como son: las facilidades del Código de la Democracia, incluso con sus vacíos y laxismos, para conformar organizaciones; la experiencia de participación ciudadana aprendida colectivamente desde la década de los 80, a base de movilizaciones sociales y políticas que se fueron enfrentando al poder establecido; el protagonismo asumido por los gobiernos seccionales en su enfrentamiento con el centralismo de la administración pública, recordemos la derrota electoral del 2014 al caudillo del nacional-populismo en las ciudades más importantes del país; y, la paulatina y creciente proliferación de partidos y movimientos a nivel seccional, particularmente cantonal, entre otros factores. Recalcamos que a nivel local siguen imperando partidos o movimientos políticos débiles, con líderes-propietarios, de funcionamiento familiar-dinástico, pero que se activan en las coyunturas electorales. Mientras que la dialéctica candidato-elector se sustenta en un clientelismo basado en una oferta populachera y en una personalización de la política y lo político, “yo le doy mi voto a él, porque sabe cumplir...”, mientras en la contraparte predomina “El yo te ofrezco... y la cascada del baratillo”. El Estado, CNE y Sistema de Partidos Políticos deben institucionalizar y programar actividades de capacitación para los dirigentes y militantes para elevar la calidad de programas de gobierno y planes de trabajo a nivel de las dignidades subnacionales, e impulsar obligatoria y permanentemente debates políticos-electorales para la ciudadanía.