Mirar la leyenda en la pared de fondo en cualquier sala de audiencias de la Función Judicial es suficiente para deducir el menosprecio que esta ha sufrido a partir del decenio de gobierno pasado. En ella se observa, con grandes letras, “Consejo de la Judicatura”, como si este ente fuera el rector y la cabeza de esa imprescindible función del Estado. Es obvio que si se quiere adoptar una señal de la institucionalidad democrática y fijar, en la atención de la memoria ciudadana, el hecho de que nuestro país vive bajo un republicanismo real, la frase debería ser “Corte Nacional de Justicia”.

La “metida de mano” que anunciara el anterior presidente de la República en una de sus cientos de comparecencias públicas sabatinas ha sido de tal trascendencia que una entidad con facultades administrativas, precisamente el Consejo de la Judicatura, se ha convertido en el eje rector y determinante de la dinámica judicial en el Ecuador, y la Corte Nacional (antes Corte Suprema de Justicia) ha quedado relegada de su papel directriz y perdido su legitimidad como organismo máximo en la jerarquía jurisdiccional.

Pero esa injerencia no solo produjo este efecto sino que impuso la lógica de que los funcionarios judiciales en la mayoría de los casos, sin que importe que los ciudadanos tengan la razón frente a una equivocada o interesada forma de actuar del oficialismo, resuelvan a favor del Estado, saltándose el obligatorio requisito moral de analizar en forma objetiva y equilibrada cada caso, aplicar de manera adecuada y sin subterfugios el articulado pertinente y escuchar las razones, fundamentos y planteamientos teóricos y doctrinarios de los profesionales que actúan en representación de las personas afectadas.

Está por de más señalar, puesto que a diario los concurrentes lo constatan, que por el rostro de una gran parte de jueces no asoma, ni de broma, una señal mínima de convicción, gesto alguno de vergüenza o razones explícitas y convincentes para fundamentar su resolución.

¿Habrá cambiado la justicia o solo los edificios?