El fin de semana pasado, la delincuencia cobró la vida de un comaronero más. Se trata de la octava víctima mortal que suma este sector en este 2018, año en el que además se registran 23 heridos y pérdidas económicas que ascienden al $ 1,1 millones, en un total de 47 actos delictivos denunciados.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) informó que el productor fue abatido en la madrugada del sábado, a la altura de Chupadores Chico, en el golfo de Guayaquil, luego de intentar evitar un asalto a su embarcación que transportaba 4.000 libras del crustáceo. El hecho rebasó la paciencia de esta industria. Sucede en un año en el que el sector ha estado en constante activismo para exigir a las autoridades un refuerzo de los controles para evitar ser asaltados en el mar y, en tierra, para sancionar la venta del camarón robado.

Pero poco o nada se ha hecho, dice José Antonio Camposano, presidente de la CNA. Por ello, con el respaldo de 10 gremios que representan a productores y exportadores, pedirá a la Presidencia de la República aplicar una reforma a la norma ecuatoriana de porte de armas para que el sector pueda hacerle frente a la delincuencia.

Este pedido nace como alternativa, dice, ante la inacción del Ministerio de Defensa y las dificultades que han demostrado tener otras instituciones, como la Marina, la Policía y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para ejercer control. Se alega falta de recursos económicos y personal.

Debe ser un derecho, explica, que un ciudadano de zonas rurales, donde no existe seguridad, pueda portar armamento para protegerse cuando una embarcación sospechosa se acerque. “Hay que revisar cómo se lo haría. Nadie está hablando de armar a todo el país, pero sí que nos permitan defendernos”. Una restricción, que incluso afecta a las empresas de seguridad que tienen prohibido usar armas de largo alcance y el límite de portar más allá de 9 municiones.

Actualmente el sector ya tiene la autorización de estar armado, pero alega que eso sirve de poco debido a que los permisos solo rigen a nivel cantonal, cuando el pequeño y el grande camaronero requiere desplazarse hacia otras provincias para distribuir su producto.

Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camaroneros de El Oro, no cree que esta propuesta genere riesgos si se toma en cuenta que actualmente el sector ya cumple con todos los requisitos de portabilidad, como el pago de impuestos, pruebas psicológicas y de prácticas de tiro.

Calderón coincide con Camposano al creer que la portabilidad debe ampliarse de forma integral. No solo se requiere de un permiso nacional, sino de que se den las facilidades de acceder a armamento barato. Actualmente las armas deben pagar un arancel del 300 % y eso abre la puerta de adquirirlas vía contrabando desde Perú.

El detalle:

Un alto costo. El sector no solo cuenta las pérdidas por producto robado, también suma los $ 31,1 millones que al año debe destinar en temas de seguridad.

Voces:

“No estamos hablando de portar armas en zonas urbanas, sino de zonas rurales, donde instituciones como la Marina, han aceptado que no tienen capacidad de darnos seguridad”. José Antonio Camposano (Presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura)

“El número de asaltos que tenemos son los reportados, pero no todo se reporta a las autoridades. En El Oro, todos los días registramos entre uno, dos y tres asaltos”.

Segundo Calderón (Presidente de la Cámara de Camaroneros de El Oro)