CAL: como hacer politica en las sombras

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CAL: como hacer politica en las sombras

Sus convocatorias no son públicas y sus actividades no constan en la agenda oficial de la Asamblea. El orden del día de sus sesiones no se publica en ningún lado y sus propios miembros suelen tener dudas al respecto.

CAL: cómo hacer política en las sombras

Se reúne a puerta cerrada, en el estrecho espacio de una suerte de sala comedor perteneciente al despacho de la Presidencia, al que se accede directamente desde un ascensor activado por tarjeta electrónica y fuera del alcance de la prensa. Sus convocatorias no son públicas y sus actividades no constan en la agenda oficial de la Asamblea. El orden del día de sus sesiones no se publica en ningún lado y sus propios miembros suelen tener dudas al respecto. Las actas de sus reuniones no están disponibles en la página web de la Asamblea... Es el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el organismo más secreto de la democracia ecuatoriana.

Así ha sido desde su conformación, en 2008. Pero nunca fue un problema: la Ley Orgánica de la Función Legislativa asigna al CAL el tipo de funciones que indica su nombre: administrativas. Es decir, tramitológicas. Si un asambleísta presenta, por ejemplo, un pedido de juicio político contra un funcionario del Estado, la tarea del CAL consiste en verificar que se cumplan los requisitos formales: ¿tiene las firmas de respaldo suficientes? ¿Declara la totalidad de las pruebas? ¿Las presenta? De ser así, el CAL aprueba la solicitud y la traslada a la Comisión de Fiscalización, que se encarga de los análisis de fondo. Durante las legislaturas de Fernando Cordero e incluso Gabriela Rivadeneira, hasta las propuestas más incómodas para el correísmo pasaban esta instancia sin dificultad.

Pero desde que José Serrano es presidente de la Asamblea y titular del CAL, las cosas empezaron a cambiar. Hoy este organismo se atribuye una serie de funciones no contempladas en la ley y actúa como una especie de filtro donde van a morir, a puerta cerrada y de espaldas al escrutinio público, los temas políticos de la mayor importancia. Encarnación Duchi (PK), Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta (CREO), Henry Cucalón y Dallyana Passailaigue (PSC)... Asambleístas de todas las bancadas de la oposición y más de uno de PAIS, que no quisieron ser mencionados, coinciden en una misma preocupación: el CAL se está extralimitando en sus funciones. No es una opinión: es un hecho comprobable.

Quizá nada retrata mejor esta nueva naturaleza del CAL que un tuit de su propio presidente, José Serrano. Lo escribió el lunes pasado, luego de inadmitir el pedido de juicio político contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa, en relación con los casos de abuso sexual producidos en los colegios durante su gestión. Dice así: “No se estableció con claridad el presunto incumplimiento de funciones del exministro y no se admitió a trámite el juicio político”. Ese tuit resume todos los excesos y todas las contradicciones del CAL.

El argumento de Serrano es una serpiente que se muerde la cola: precisamente para demostrar incumplimiento de funciones, la asambleísta de CREO Jannine Cruz solicitó abrir un juicio político contra el exministro Espinosa; pero el CAL, cuya misión consiste en tramitar esa solicitud, la rechazó por no demostrar incumplimiento de funciones. Es decir: como la culpabilidad del acusado no ha sido demostrada, no se lo puede juzgar.

Para tomar esa decisión el CAL tuvo que valorar las pruebas, establecer nexos causales, llamar incluso a una comisión en pleno (la Comisión Aampetra) a rendir informe, cosa que nunca antes había ocurrido: atribuciones privativas, todas ellas, de la Comisión de Fiscalización. Para tomar esa decisión el CAL debatió políticamente sobre las responsabilidades del exministro y lo declaró inocente; atribuciones exclusivas del Pleno de la Asamblea.

Lo mismo ocurrió el mes anterior con el primer pedido de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas. La intención murió en el CAL a pesar de cumplirse con todos los requisitos: número de firmas, declaración de pruebas, anexos documentales... Así, de órgano meramente administrativo, como establece la ley, el CAL ha devenido en la suprema instancia judicial y política de la Asamblea Nacional.

Si eso ocurre en el ámbito de la fiscalización, en el terreno legislativo las cosas no son muy diferentes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el CAL, previa verificación formal del cumplimiento de requisitos, debe derivar los proyectos de ley a las comisiones especializadas respectivas para su tratamiento. Pero a la hora de cumplir este trámite, el organismo administrativo aplica, también aquí, criterios políticos. Básicamente, se permite irrespetar la especialización de las comisiones.

Así como el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior debe asignarse, por lógica elemental, a la Comisión de Educación, se esperaba que las reformas a la Ley de Elecciones fueran derivadas a la Comisión de Participación Ciudadana. No fue así: el CAL las envió a la Comisión de Justicia. Nadie en la Asamblea ignora el porqué de esa decisión: Justicia es presidida por Marcela Aguiñaga, halcón correísta, mientras que Participación Ciudadana tiene al frente a Héctor Yépez, de SUMA, y está integrada exclusivamente por asambleístas de oposición.

Estructura creada al margen de la Constitución, donde su nombre no consta en ningún lado, las atribuciones del CAL se limitan exclusivamente a la administración interna. A la Contraloría, por ejemplo, le da lo mismo que el CAL exista o no: cuando remite un informe a la Asamblea lo dirige al Pleno, no al CAL, no al presidente. Sin embargo, el Pleno no ha conocido hasta el momento el informe de la Contraloría sobre Jorge Glas (pese al pedido expreso de Fabricio Villamar) porque el CAL decidió filtrarlo. ¿Para qué? Para guardarlo en un cajón. ¿Cuándo será conocido? Imposible saberlo: la agenda del CAL es el secreto mejor guardado de la Asamblea.

Integrado por cinco asambleístas de PAIS y dos de la oposición, el CAL es el auténtico nudo gordiano del parlamento: el lugar donde confluyen todos los temas, se adoptan todas las políticas, se neutralizan todos los debates. El que no rinde cuentas a nadie. La intimidad de la sala comedor del despacho de José Serrano es el secreto epicentro de la política nacional.

Cuando los funcionarios están por encima de los representantes electos

En el intento de derivar los temas políticos hacia el pantano de los despachos administrativos, el CAL no está solo. Cuenta con la ayuda de una instancia previa: la Unidad Técnica Legislativa, cuyo cometido es, en los papeles, formal. Se trata de ajustar todos los proyectos de ley a los formatos jurídicos correspondientes, verificar que se apoyen en la Constitución, limar las contradicciones, corregir los problemas de lenguaje.

La UTL está integrada por funcionarios de carrera, expertos en derecho, gente de confianza de José Serrano. Sus decisiones no son vinculantes. Pero ellos también exceden sus atribuciones y son capaces de bloquear las iniciativas legislativas de asambleístas electos en las urnas.

Lo comprobó Lourdes Cuesta (CREO) cuyo proyecto de reformas a la Ley de Comunicación se encuentra represado ahí desde septiembre. La UTL propuso algunos cambios pero no se los comunicó a ella, sino al CAL. Y el CAL no le dijo nada. La secretaria, Libia Rivas, omitió ese paso. Recién el lunes pasado, Cuesta pudo conocerlos. Y se sorprendió: el informe de la UTL no se limitaba a los formalismos jurídicos, sino que incursionaba en temas de fondo: ¿Cómo es posible, le dijo la funcionaria Andrea Delgado, que la Ley de Comunicación que Cuesta propone no cuente con un organismo de sanción y control de contenidos? Con argumentos como este, varios proyectos de ley permanecen en la congeladora y no llegan a las comisiones.