La batalla decisiva entre el correismo y el resto del mundo

Con el juicio político contra Jorge Glas, cuya etapa decisiva arranca hoy en la Comisión de Fiscalización, un año de cambios se abre para la Asamblea Nacional. El nuevo mapa político que dejó la división del partido de gobierno carece de una expresión institucional. Por eso, en las filas del morenismo y de la oposición, se habla con cada vez mayor insistencia de la necesidad de reestructurar las comisiones legislativas, presididas la mayoría de ellas por cuadros correístas.

La bancada del nuevo Movimiento Revolución Ciudadana, como se autodenominó el correísmo, dispone de apenas una veintena de escaños parlamentarios. Sin embargo, controla comisiones tan importantes como la de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Marcela Aguiñaga; Régimen Económico y Tributario (Pabel Muñoz), Soberanía y Relaciones Internacionales (Doris Soliz), Educación (Augusto Espinosa) y Salud (William Garzón). Tiene también una representación desproporcionada en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), cuya conformación no refleja la realidad política del Pleno.

La reestructuración de las comisiones planea sobre el horizonte político de la Asamblea como una auténtica lucha de micropoderes. Para Luis Fernando Torres, socialcristiano cuyo criterio jurídico es muy tomado en cuenta tanto por la oposición como por el gobiernismo, hay dos caminos para ponerla en práctica: con la aprobación de las dos terceras partes del plenario o con mayoría simple al interior de cada una de las comisiones.

En cuanto al CAL, se entiende que el presidente José Serrano es el principal interesado en reestructurarlo, lo cual debería pasar necesariamente por el Pleno. “No se puede entender un CAL no controlado por el presidente”, concede Torres. Es un tema de mera gobernabilidad. Y lo ocurrido recientemente en las sesiones convocadas para tratar el juicio político contra Glas encendió las alarmas: Soledad Buendía y Verónica Arias (integrantes correístas del CAL) no se presentaron y Serrano se vio en el incómodo predicamento de necesitar de la oposición para hacer cuórum. Es decir: perdió su mayoría al interior de un organismo donde, por definición, debería tenerla.

Las fichas han comenzado a moverse. En la Comisión de Salud, al presidente correísta William Garzón el control se le ha ido de las manos, mientras opositores y morenistas comparten sus intenciones de promover un cambio. Jorge Yunda (morenista) y Rosana Ugarte (PSC) parecen haber iniciado ya el operativo relevo.

Tampoco las cosas pintan fáciles para Augusto Espinosa, el cuestionado exministro que preside la Comisión de Educación. Con un pedido de juicio político en su contra, presentado por Jeanine Cruz (CREO), y un cuestionamiento directo a su presidencia, anunciado por Dallyana Passailaigue (PSC), su suerte está en manos de la mayoría morenista.

En la batalla por restar poder al correísmo, las comisiones legislativas son el nuevo territorio en disputa. Un territorio de gran importancia, si se considera que el grueso del trabajo legislativo se concentra en ellas e incluye proyectos clave, como las reformas al Código Penal.

Un Código Penal que facilite la lucha contra la corrupción

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside Marcela Aguiñaga, tiene una brasa ardiente en sus manos: los 23 proyectos de reforma al Código Penal. Algunas de las propuestas afectan directamente a los intereses del correísmo. Entre ellas están las presentadas por el fiscal del Estado, Carlos Baca Mancheno, para facilitar la persecución de funcionarios corruptos. La derogatoria del artículo que exige un informe previo de Contraloría como requisito para iniciar investigaciones en casos de corrupción, y una ley de extinción de dominio que facilita la recuperación de bienes ilegítimamente obtenidos se encuentran en debate.

Educación Superior: una ley orgánica con papa caliente

El cuerpo de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior será el primero que entrará a debate en el Pleno de la Asamblea, este mismo mes de enero. El proyecto se encuentra casi listo en la Comisión respectiva, que preside el correísta Augusto Espinosa.

Uno de los debates políticos que acarrean estas reformas tiene que ver con las normas para la intervención de universidades, hoy cuestionadas fuertemente por la oposición a propósito de la crisis de la Universidad de Loja. Los cambios implican nuevas atribuciones para el Consejo de Educación Superior (CES) y la Senescyt.

El morenismo también le teme al control político

El del vicepresidente Jorge Glas no es el único proceso de fiscalización que aguarda su turno en la Asamblea. El pedido de juicio político contra Augusto Espinosa, negado inicialmente por el CAL, todavía no ha agotado todos sus recursos, pues la proponente Jeanine Cruz interpuso una solicitud de reconsideración.

El otro proceso de control político en marcha, con el apoyo de los votos correístas, afecta directamente a los intereses del Gobierno: el debate sobre la comparecencia del ex secretario presidencial Eduardo Mangas, represado estratégicamente por José Serrano, todavía está pendiente en el Pleno de la Asamblea.