El llamado a juicio que dictó el miércoles la jueza Daniella Camacho por el plagio de Fernando Balda complica el horizonte judicial del expresidente Rafael Correa.

Aunque Correa no puede ser juzgado en ausencia, se mantiene vigente la prisión preventiva dictada en agosto por la jueza Camacho. Correa, si no se presenta voluntariamente al juicio o es capturado, no podría regresar a Ecuador en al menos siete años, hasta que prescriba la acción penal.

Pero el llamado a juicio podría ser un elemento que considere Interpol para emitir la difusión roja solicitada por Ecuador, señaló el exfiscal Fabián Almeida.

El exfuncionario explicó que Interpol cuenta con un departamento jurídico que seguramente tiene que estar haciendo el análisis del caso.

Si la jueza dictó el llamado a juicio, significa que ya tiene elementos que pueden convertirse en pruebas en un eventual juicio, dijo Almeida.

Pero el jurista Xavier Mejía opina que un llamado a juicio no rompe el estado de inocencia del exmandatario. Coincide con Almeida en que es un elemento más para pedir la circulación roja. Puntualiza que la prisión preventiva, ratificada el miércoles, es una medida cautelar que Correa está evadiendo al no cumplir con el principio de inmediación al proceso.

Mejía insiste en que un elemento de mayor peso para que Ecuador consiga la ubicación y captura sería una sentencia ejecutoriada. Frente a la suspensión del juicio porque está prófugo, el abogado reiteró: “Que no se deje procesar no quiere decir que sea culpable”.

Si Interpol emite la difusión roja, el exmandatario podría ser localizado y capturado en al menos 192 países. En los días previos a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, en redes sociales coidearios y abogados de Correa anunciaron una supuesta decisión de la policía internacional.

“Interpol rechaza pedido de difusión roja en contra de Rafael Correa por ser una imputación política”, escribió Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, en su cuenta de Twitter.

La ministra del Interior, María Paula Romo, respondió el miércoles que “no ha llegado ninguna información. Cuando esto suceda, de inmediato se comunicará a la ciudadanía”.

Ante la posibilidad de tener una orden de captura internacional, el expresidente analiza cada vez con más fuerza el mecanismo del asilo político en Bélgica, país donde vive desde 2017, tras dejar el poder a Lenín Moreno.

Sobre ese pedido, la información es contradictoria. La agencia AFP, citando fuentes cercanas a Correa, informó ayer que el exmandatario presentó el 25 de junio una solicitud de asilo en Bélgica. Lo hizo unos días antes de que la jueza Camacho ordene su prisión y pida a Interpol su difusión roja.

La agencia española EFE en cambio citó al propio Correa, quien indicó que no ha solicitado asilo pero que estudia esa alternativa. “Lo sigo estudiando, utilizaré todos los derechos que tengo para defenderme y a mi familia”, le aseguró a esa agencia.

En su cuenta de Twitter, el exjefe de Estado indicó que “no esperaba absolutamente nada de una justicia que recibe consignas y no argumentos”.

Quien espera una respuesta al pedido de asilo es Pablo Romero, su exsecretario de Inteligencia. Él está prófugo en España, país que ayer aceptó a trámite la extradición solicitada por Ecuador.

Su abogado, Stalin Oviedo, manifestó que ese trámite podría tomar varios años porque debe haber un juicio y audiencias.

Además de Romero y Correa, la jueza llamó a juicio como autores del delito a los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, por el plagio y secuestro de Fernando Balda registrado el 13 de agosto de 2012.

En este caso solo Chicaiza y Falcón pueden ser juzgados porque están detenidos.

Datos

Secuestro

Se lo castiga en dos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Penas

Entre cinco y siete años si se priva de la libertad a una persona contra su voluntad.

Condena

De 10 a 13 años si es secuestro con fines ideológicos, entre otros.