Asambleístas rinden versión en la Fiscalía General del Estado
Se investiga la presentación de siete acciones de protección. Rechazan las ‘amenazas’ de una posible destitución
Un grupo de asambleístas, con Virgilio Saquicela a la cabeza, acudieron este 22 de diciembre de 2022 a la Fiscalía General del Estado para rendir versión dentro de una investigación abierta por la presentación de siete acciones de protección, casi simultáneas, en el cantón La Concordia.
Una de esos recursos cayó en manos de juez Ángel Lindao que decidió dejar sin efecto la resolución con la que 85 legisladores censuraron y destituyeron a cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y los restituyó, entre otras medidas reparatorias.
Junto a Saquicela estuvieron Marcela Holguín y Pamela Aguirre del correísmo; Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC); Mireya Pazmiño de lo que ahora se autodenomina Pachakutik- Conaie y Yeseña Guamaní que integra una de las facciones en disputa de la Izquierda Democrática (ID).
“Presentamos como asambleístas unas noticias criminis por el abuso del derecho respecto de fraude procesal cometido por quien presenta siete acciones constitucionales en el cantón La Concordia de Santo Domingo de los Tsáchilas (…) luego el juez Lindao termina extralimitándose ‘disponiendo’ a la Asamblea Nacional la posesión del superintendente de Bancos que no tenía nada que ver con la medida cautelar”, señaló Saquicela.
Los legisladores solicitaron a la fiscal que lleva el caso que recabe de forma inmediata la versión del juez Lindao, de Manuel Vicente Párraga Quiroz que es quien presentó los siete recursos y de todos los involucrados en este caso.
La asambleísta Pazmiño denunció que el juez Lindao no ha emitido aún su sentencia por escrito impidiendo que sea apelada ante la Corte Provincial de Justicia. Lo cuestionó por haber fallado, en el pasado, supuestamente a favor de narcotraficantes.
Sobre la posibilidad de ser destituidos por no cumplir la sentencia del juez, la legisladora explicó que eso aplica “cuando se viola una sentencia ejecutoriada, y ese debido proceso deberá seguir la Corte Constitucional no un juez, pero hasta el día de hoy no hay la sentencia y no hemos sido notificados”, dijo.
