La Asamblea termina el ano con bajas notas

Un aniversario con pocos motivos para festejar. Mañana la Asamblea Nacional cumple un año en funciones con escasos resultados en sus tareas principales: legislación y fiscalización. Tampoco le va bien en transparencia. Eso se traduce en una desconfianza general de la población sobre su gestión: apenas un 30 %, dicen las encuestas más optimistas, ve con buenos ojos al Legislativo.

El 14 de mayo de 2017, los 137 asambleístas (que perciben un salario mensual de 5.009 dólares) asumieron sus cargos con expectativas de cambio y renovación tras la salida del poder de Rafael Correa. Al final no cuajaron.

En un escenario regional marcado por la crisis institucional por los casos de corrupción y el fin de los gobiernos calificados como autoritarios, el Legislativo local contribuyó a esa desconfianza al dedicarse, casi en exclusiva, a resolver líos internos en contraposición a una baja producción de leyes.

La crisis de Alianza PAIS, dividida entre los seguidores de Correa versus los simpatizantes de Lenín Moreno, entorpeció los procedimientos legislativos, recuerda Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, un colectivo ciudadano conformado para vigilar el trabajo de la Asamblea. “El conflicto político minó la eficiencia”, dijo a EXPRESO.

Fue notorio, por ejemplo, en la ausencia de una agenda legislativa formal. José Serrano, que dirigió el Legislativo por 10 meses, no fue capaz de llegar a los consensos necesarios. Leyes y reformas reclamadas por amplios sectores (como la de Educación Superior, Salud, Código Penal o Comunicación) no estuvieron en las prioridades de la mayoría.

También ‘quedó debiendo’ en la tarea de fiscalización y control político del Ejecutivo. En esa área, el juicio político es la herramienta más visible de control político. Pero la Asamblea no estuvo a la altura: guardó silencio respecto al caso del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht; censuró al excontralor Carlos Pólit cuando él ya había abandonado su cargo y el país, también por corrupción; y lo mismo con Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación: la censura se dio después de su destitución por la Contraloría.

Un caso peculiar (y que pone en evidencia el rostro del Legislativo) es el proceso en contra de Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura. El año pasado el movimiento PAIS y sus aliados lo salvaron del juicio. Este año PAIS y sus aliados dieron luz verde al pedido de la oposición.

En el análisis cuantitativo, este Legislativo tiene un par de ‘victorias’. La primera, el número de leyes aprobadas (más allá de su trascendencia) se mantiene en el promedio. La segunda, el Ejecutivo dejó de ser el principal proponente de iniciativas legales.

¿El reto de la Asamblea ahora bajo el mando de Elizabeth Cabezas? “Construir la identidad que no ha tenido en los últimos 11 años”, respondió Espinel. La permanente hegemonía de PAIS, explica, creó una falsa percepción de gobernabilidad. “Estaban acostumbrados a la mayoría, a que no existan disensos”, indicó. Ahora, ‘las mayorías móviles’ (tras la ruptura de PAIS) podrían ser la oportunidad para “rescatar la naturaleza del parlamento”.

Viajes

Transparencia: Establecer el número exacto de viajes que hicieron los legisladores este año es una tarea casi imposible. La información de transparencia de la Asamblea es incompleta, según el Observatorio Legislativo.

Informe: De los datos disponibles, entre mayo y diciembre de 2017 se hicieron 262 viajes nacionales e internacionales. Se gastaron $ 121.266.

Nacionales: Liliana Durán (ex-PAIS) encabeza el ranking: ha realizado 25 viajes, por 6.460 dólares. Sus desplazamientos, dice el Observatorio, están vinculados a su gestión como presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

Internacionales: Karina Arteaga (PAIS) ha viajado en seis ocasiones, gastando 6.071,75 dólares. Panamá, sede del Parlatino, es el destino más frecuente de los asambleístas.

Dirección: El Legislativo y sus dos presidentes en apenas doce meses

Hace un año estaba en la cúspide. José Serrano llegó a la Asamblea (después de una larga gestión junto a Rafael Correa) como el asambleísta más votado. Ocupó sin problemas la presidencia del Legislativo con 77 votos favorables.

Sus ofertas iniciales, sin embargo, se desmoronaron con el pasar de los días. Se comprometió, por ejemplo, a “profundizar y viabilizar la fiscalización”. Y ofreció una “agenda legislativa coherente con las propuestas de campaña”. Tampoco lo hizo. El 9 de marzo de 2018 fue destituido de su cargo.

Serrano se vio envuelto en un grave caso de corrupción: ‘conspiró’ con el excontralor Carlos Pólit para “sacar del cargo” al entonces fiscal general Carlos Baca. Tras hacerse público, perdió su discurso, su puesto, su oficina. Ahora ya no trabaja en el edificio principal de la Asamblea.

Elizabeth Cabezas, también de las filas de PAIS, tomó las riendas del Legislativo. Ella, en casi dos meses, se ha esforzado por dejar atrás el ‘legado’ de Serrano.

Organización: La ‘revuelta’ que se desinfló en las mesas legislativas

La armonía en las comisiones legislativas tampoco duró: la crisis de la bancada de Alianza PAIS volvió incómodo el reparto inicial. Tanto así, que varios sectores hicieron un largo intento por lograr una reorganización general de la Asamblea. Al final, quedó en nada.

La ‘revuelta’ en las comisiones empezó en Educación. Augusto Espinosa, disidente de PAIS, se vio forzado a renunciar a la presidencia después de que sus compañeros de mesa boicotearon varias sesiones.

Doris Soliz, también disidente, acabó dejando la dirección de la Comisión de Soberanía. Ella argumentó motivos de salud. En trámite estaba, no obstante, un pedido de los demás integrantes para que dejara el cargo. Esa solicitud quedó en ‘stand by’ por la crisis en la frontera norte que puso a trabajar, justamente, a esa comisión.

María José Carrión, militante de PAIS, intentó dejar la dirección de la polémica Comisión de Fiscalización. Anunció su renuncia, pero no se fue: solo esquivó el trámite del juicio político en contra del exfiscal Carlos Baca Mancheno.

Las separaciones: 34 asambleístas dejaron sus movimientos políticos

El ‘resquebrajamiento’ de los movimientos políticos dentro de la Asamblea no es un asunto nuevo. En este periodo, sin embargo, hay sorpresas de todos los sectores. Hasta el momento, 34 legisladores dejaron el movimiento por el que fueron electos.

CREO, por ejemplo, tuvo dos pérdidas importantes: Mae Montaño y Franco Romero. La asambleísta anunció su salida de la organización el 2 de mayo por la necesidad de actuar con “más independencia”. Con Romero la ruptura fue menos cordial.

SUMA también perdió a parte de su equipo legislativo. Héctor Yépez, asambleísta de Guayas, tuvo una contradicción con el movimiento y optó por la separación.

El caso más grave es, sin duda, el ‘divorcio’ entre Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno, debido a lo cual 29 legisladores anunciaron su desafiliación colectiva del movimiento verde flex y anticiparon la creación de una nueva organización. Dicho colectivo todavía no se concreta.

Eliseo Azuero completa la lista. Él dejó la ID días después de asumir el cargo.