Asamblea: a punto de rodar la cuarta cabeza

En el Pleno, al parecer, no lo quieren. En el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo evitan. Hermuy Calle, el legislador correísta a quien destituyó la Contraloría por mal uso de bienes públicos (haber destinado espacios de la Politécnica del Chimborazo para actividades proselitistas) tuvo un mal día ayer. Su pretensión de sumarse a las actividades parlamentarias como si nada ocurriera no prosperó. Y por aquí nadie parece dispuesto a jugarse por su causa.

Temprano en la mañana, Calle asistió a la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Internacionales, de la que es miembro. Luego quiso hacer lo propio en la sesión del Pleno. Se dirigió al hemiciclo. En el vestíbulo respondió preguntas de los medios y dijo estar “en plenitud del ejercicio” de sus funciones; y que la resolución de la Contraloría “es inejecutable” mientras el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelva su apelación. Entró al salón cuando la secretaria constataba el cuórum. Se registró. Y ahí empezaron sus desgracias.

Ocurre que la presidenta, Elizabeth Cabezas, que minutos antes había evitado adoptar una postura sobre la situación jurídica de Calle, tiene mucho que arriesgar en esta historia. Verdad es que la decisión del Contencioso en torno a la apelación no se conoce todavía, pero el Ministerio del Trabajo, al que ella dirigió una consulta sobre el tema, parece haberlo zanjado definitivamente. Según su base de datos, que cualquiera puede consultar en Internet, Hermuy Calle “posee impedimento” para ejercer un cargo público. Es un certificado de inhabilidad ingresado y sacramentado desde hace días. Por tanto, si Cabezas le permite asistir a una sesión del Pleno y participar en las votaciones, corre el riesgo de que se las invaliden.

Todo lo cual parece dar la razón a Fabricio Villamar, el asambleísta de CREO que fue quien se abanderó del tema desde que la decisión de la Contraloría se hizo pública. Según él, la Ley Orgánica de la Contraloría aprobada por los propios correístas (Calle no debería quejarse) otorga al organismo la facultad de destituir a funcionarios o autoridades electas en las urnas, asambleístas incluidos, sin que el recurso de apelación impida la ejecución de la sanción.

Elizabeth Cabezas no parece estar segura de cuál es la situación pero, ayer al menos, se curó en salud. Una vez que la secretaria constató el cuórum y Hermuy Calle apareció registrado entre los presentes, la presidenta lo llamó hasta su escritorio. Ahí, a la vista de todos, discutieron larga y ardientemente. El vicepresidente Carlos Bergman intervino. Noventa pares de ojos, los de los asambleístas presentes, permanecían expectantes. Finalmente el correísta bajó los brazos, la secretaria adujo un fallo técnico y la presidenta ordenó que se volviera a verificar el cuórum, esta vez sin él. Calle se retiró sin responder preguntas y no volvió a aparecer en el resto del día.

¿Y el CAL? Elizabeth Cabezas tenía en ese organismo depositadas sus esperanzas. “El CAL debe pronunciarse”, dijo y repitió. Y con ese fin lo convocó para ayer a las cinco de la tarde. Punto único del orden del día: “Conocer y resolver sobre el proceso de ejecución de la destitución del asambleísta Hermuy Calle”. Pero no a todos los integrantes les hizo mucha gracia la noticia. Cristina Reyes (PSC), por ejemplo, opina que el organismo “no tiene competencia alguna”. Lo cierto es que a las cinco de la tarde solo aparecieron Patricio Donoso (CREO) y la propia Cabezas. No hubo sesión, claro. Mensaje clarísimo. Después de todo, la resolución de la Contraloría está dirigida a la presidenta, quizá con el propósito de que la aplique de inmediato. La pelotita, por lo pronto, está en su campo.