Fue unánime: los 134 asambleístas presentes en la sesión más maratónica de lo que va de la legislatura aprobaron el juicio político a Pablo Celi. En eso no hay ninguna novedad. La sorpresa se dio en el frente interno: las cinco horas de debate que siguieron a las seis horas de lectura de informes que arrancaron a las ocho de la mañana, se convirtieron desde el principio en un juicio político paralelo, no a al excontralor subrogante sino al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Socialcristianismo, Izquierda Democrática, Pachakutik, correísmo… Todos quieren su cabeza y no lo disimulan. De Celi, en realidad, se habló poco y nada de gran importancia.

El caso resulta difícil de comprender: sí, Villavicencio cometió un error de procedimiento. Uno grueso, si se quiere: luego de quince intensas jornadas de trabajo fiscalizador durante las cuales se recogió más de medio centenar de testimonios y se analizaron centenares de documentos, él se atrasó a entregar el informe de la Comisión. Sin embargo, una reforma introducida el año pasado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla la posibilidad de ese error y lo subsana: en caso de no estar listo el informe dentro del plazo correspondiente, dice, se enviará otro en el que se detalle las posturas de cada uno de los integrantes de la Comisión. La Presidencia de la Asamblea, en un plazo de tres días, convocará al Pleno para que conozca esas posturas y decida si aprobar o no el juicio político. Eso es exactamente lo que ocurrió este miércoles. En otras palabras: el juicio político nunca estuvo amenazado.

Incomprensiblemente, el debate transcurrió como si estuviera vigente la ley anterior. A Villavicencio lo acusaron de poner en riesgo el juicio político, cosa que no ocurrió, y a la presidenta Guadalupe Llori la elogiaron por salvarlo, cosa que tampoco: ella no tenía otra posibilidad que hacer lo que hizo, por mandato de la ley. Mientras tanto, su compañero de bancada Ricardo Vanegas argumentó a favor de la nulidad del juicio. “Políticamente -adujo en declaraciones de pasillo que ofreció por la mañana- lo correcto es iniciar el proceso contra Celi pero lo jurídicamente correcto no es eso”. En un nuevo capítulo de la guerra soterrada que mantiene Pachakutik contra Villavicencio, Vanegas anunció haber presentado una queja formal en su contra bajo la acusación de poner el juicio político en riesgo.

“Espero que sea una queja de alta gama”, se burló el aludido en una rueda de prensa que ofreció por la mañana en la sala de reuniones de la Comisión que preside. Ahí, de su vastísima colección de documentos, extrajo una carpeta: la de Vanegas. Y recordó que el asambleísta de Pachakutik, como accionista de una de las empresas que conforman el consorcio Oro Negro, se encuentra salpicado por el caso de corrupción conocido como Las Torres, que tiene al excontralor Celi como protagonista. Eso explica, según él, su interés por anular el juicio político.

Como a tambor en fiesta le dieron a Villavicencio durante el debate de la tarde. “Es el juicio político de los olvidos y la cobardía”, dijo Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, refiriéndose a él. Y su compañero de bancada Alejandro Jaramillo habló de aquellos asambleístas que “ han pretendido, con absoluto cinismo pero afortunadamente sin éxito viciar este juicio político con errores que son imperdonables”. Darwin Pereira, de Pachakutik, ironizó: “Quiero solidarizarme con la Comisión de Fiscalización porque peor presidente no les pudo haber tocado”. La socialcristiana Soledad Diab lo llamó mentiroso. Salvador Quishpe, cobarde; en el momento más rastrero de este debate, cuyo nivel fue bajo de por sí, el legislador de Pachakutik se burló de Villavicencio por haberse escondido “tras las faldas de las mujeres de Sarayaku” cuando lo perseguía el correísmo.

Sólo Diego Ordóñez, de CREO, y José Segovia, el legislador azuayo del movimiento Minka por la Vida, distanciado de Pachakutik, trataron de enderezar el debate haciendo notar a sus pares que el juicio político nunca estuvo en riesgo. Pero el tono ilustrado de estas argumentaciones, especialmente por parte de Ordóñez, resultó pedante en una Asamblea que prefiere moverse, como dejó claro la socialcristiana Natalie Viteri, en el lenguaje de la calle, más significativo por las interjecciones y las actitudes corporales que por los argumentos en sí, (de hecho inexistentes).

Y mientras todas estas cosas se decían, el protagonista del debate, Fernando Villavicencio, permanecía en silencio. “No me dan la palabra”, dijo a este Diario al ser consultado por WhatsApp. Se refería al vicepresidente Virgilio Saquicela, que condujo más de la mitad de la sesión en ausencia de la presidenta Guadalupe Llori. Había pedido intervenir poco antes de las cinco de la tarde. Finalmente, se retiró a su despacho y grabó un video: “el bautizo de esta Asamblea ha sido interpelando al presidente de la Comisión de Fiscalización -dice ahí-, el que aportó con el 80 por ciento de las pruebas para este caso”.

Luego de la decisión unánime adoptada al filo de las nueve de la noche, el juicio político se desarrollará con la presencia de Pablo Celi en el salón plenario. Ocurrirá sin duda la próxima semana. ¿Conservará para entonces la Comisión de Fiscalización a su presidente? Es difícil decirlo. Este miércoles, las intenciones de la mayoría de integrantes de la Asamblea quedaron claras: censurar a Pablo Celi; decapitar a Villavicencio.