La Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que investigó la actuación de funcionarios públicos y de las funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria.

De los 132 asambleístas que estuvieron presentes en la sesión, 131 votaron a favor del documento y uno se abstuvo. Incluso los legisladores de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), que habían criticado parte de la investigación y anunciado que presentarían un informe de minoría, al final votaron a favor.

El estudio abarca desde 2016 hasta la actualidad. Los comisionados encontraron que el sistema penitenciario ha tenido un desgaste paulatino desde hace más de cinco años y que las entidades estatales involucradas en el tema actúan de forma desarticulada o simplemente no actúan.

Esa temporalidad era la que no gustaba a los correístas en la comisión, porque los fallos encontrados en el sistema incluyen al período del expresidente Rafael Correa. Ellos querían que se aborde desde mayo de 2017.

Del documento se desprende que ministerios como el de Salud, Educación, Deportes o Cultura no han cumplido su rol en temas de rehabilitación o atención a los privados de la libertad. También se establecen responsabilidades en las carteras de Defensa, Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, entre otras.

Otra instancia mencionada es la propia Asamblea “por la débil política criminal estatal manifiesta en el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el año 2014 y sus consecutivas reformas, no dieron las respuestas necesarias para enfrentar la criminalidad”.

También, hay observaciones a la Función Judicial, específicamente al Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y hasta la Defensoría del Pueblo. Es decir, todo el sistema estatal habría fallado, según el informe.

El documento aprobado contiene 52 conclusiones y 72 recomendaciones sobre la situación carcelaria. La primera conclusión es que “desde el año 2016 hasta el presente 2021, el Estado ecuatoriano inobservó los estándares internacionales y el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, pese a las recomendaciones recibidas desde el sistema universal e interamericano de derechos humanos”.

Según el presidente de la comisión, Ramiro Narváez, de Izquierda Democrática (ID), si bien es cierto que existe una guerra entre las bandas delictivas dentro y fuera de las prisiones, la situación carcelaria no puede ser reducida a esta confrontación, sin que las entidades estatales involucradas asuman sus responsabilidades.

En la moción para pedir la aprobación del informe, Narváez se comprometió a incluir los aportes de los 25 asambleístas que intervinieron en el debate.

La parte sobre seguridad e inteligencia penitenciaria establece que desde 2015 el Estado ha venido perdiendo el control y “soberanía” dentro de los centros de privación de libertad regionales, en tanto que aún mantiene cierto control en las cárceles provinciales.

Como recomendaciones, la comisión exhorta a todas las funciones del Estado, en el marco de sus respectivas competencias, adoptar medidas concretas de reparación integral de carácter general que permitan evitar que los graves hechos de violencia intracarcelaria se repitan.

Además, que generen un compromiso de observación de las normas y estándares internacionales de derechos humanos, así como la creación de mecanismos institucionales y tecnológicos, con indicadores de gestión, observables y protocolos claros que permitan cumplir y realizar un seguimiento institucional y ciudadano al cumplimiento de estos compromisos y recomendaciones.

Todo esto configuraría una serie de responsabilidades. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral sugiere al pleno de la Asamblea evaluar la pertinencia del inicio de juicios políticos a las autoridades referidas en el informe