La comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana.

La normativa apunta, según los legisladores a facilitar la migración segura y responsable de las personas con la aplicación de políticas migratorias planificadas y “bien gestionadas”. La propuesta se cumple cuando la Cancillería ecuatoriana admitió que en 2022 hay 57 compatriotas desaparecidos  entre América del Norte y Centroamérica.

La propuesta, pide emitir un informe técnico socioeconómico para modificar la forma de contabilizar los tiempos para el procedimiento de reparación.

El informe será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a fin de que sea distribuido a los asambleístas para que luego sea sometido a los procesos de debate en el Pleno.

La legisladora Jessica Castillo destacó el trabajo realizado por los miembros de la comisión y el equipo asesor que permitió construir este proyecto en beneficio de las personas que están en movilidad.

Sin embargo, William Murillo de la organización 1800 Migrante indicó que los cambios propuestos “no soluciona nada de los problemas de fondo” y que lo instaurado en las reformas son “cambios cosméticos a una legislación que no tiene mayor peso en la vida de los ecuatorianos que emigran”.

Muestra como ejemplo que la normativa no tiene sanciones para las autoridades que no cumplan con políticas preventivas o que en sus planes de trabajo se establezcan prácticas que apunten a erradicar la trata de personas.

“Es letra muerta por más buenas intenciones que tengan en el pleno, sino que digan que alcaldía o prefectura ha sido sancionada por no cumplir, ni siquiera los candidatos que están en campaña. Otra cosa sería que diga, todo alcalde que no cumple con las acciones contra la trata de personas será removido del cargo. No lo hacen porque saben que es una charada para decir que están haciendo algo”.