Hace dos años, el 30 de mayo del año 2015, se formó la Comisión Anticorrupción, producto de la iniciativa de siete organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores, quienes escogieron a sus miembros entre personas que se habían destacado en la lucha de los derechos ciudadanos a lo largo del tiempo, con un pasado honesto. Ellos, con la seriedad y experiencia que dan los años, empezaron a investigar algunos casos de corrupción en nuestro país.

Esta importante decisión se dio como respuesta de la sociedad civil ante los graves casos de corrupción denunciados en ese entonces, aunque hasta ahora muchos de ellos siguen manteniendo preguntas en el aire. Este nombramiento obedeció también a ciertas realidades que se pueden observar actualmente, entre ellas la ausencia de una real fiscalización por parte de la Asamblea que estuvo en funciones hasta el 14 de mayo pasado, y una Función de Transparencia y Control Social que, a mi criterio, pocos frutos ha rendido hasta hoy.ç

Ante esa realidad, dos años más tarde surge una propuesta de invitar a un grupo ciudadano a integrar un frente contra la corrupción. Ante ello me pregunto: ¿no podría la Comisión Anticorrupción seguir ejerciendo su trabajo, que ante los ojos de una buena parte de los ciudadanos, ha sido un trabajo serio, no partidista, ejecutado por personas que han demostrado con sus acciones a través del tiempo una trayectoria de honradez?

El Ecuador está esperando aún algunos temas que están pendientes. La famosa lista de Odebrecht -que se ha convertido en el secreto mejor guardado de los últimos tiempos-, la secuencia en los casos petroleros y otras denuncias que necesitan ser investigadas.

¿Se requieren nuevos organismos, reestructurar las instituciones existentes o atribuirle otras funciones a los órganos de control? Desde mi perspectiva, no es necesario, basta con el trabajo comprometido de quienes tienen a cargo la investigación y fiscalización actualmente y el respaldo serio y comprometido a los resultados que esas investigaciones presenten por parte del Gobierno.