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Anos de abandono

En el Ecuador contemporáneo, las promesas incumplidas se podrían contar por miles. Esto se debe a que organizaciones políticas llegan a los territorios más inhóspitos del país con todo tipo de ofrecimientos que le permitan llegar a un cargo público. Cuando lo logran, sus huellas por aquellos caminos del abandono y la desidia desaparecen como por arte de magia.

Solo resurgirán cuando el pueblo les sirva para lograr sus fines. Después no tendría sentido embarrarse los zapatos de lodo o caminar bajo la lluvia por asentamientos en los que el subdesarrollo campea.

Así se podría explicar el hecho de que aún existan lugares en el país sin servicios básicos, desconectados de la vida diaria y que no cuenten con caminos vecinales de calidad para movilizarse. Esto se evidencia en cada estación invernal en la que el sistema colapsa y las personas se ven en la obligación de dejar sus casas destruidas por la furia de la naturaleza.

Algunos funcionarios que hoy pugnan por la reelección han estado más de diez años en sus cargos sin que hayan resuelto problemas de fondo.

Se suma la falta de escrutinio ciudadano, que ha permitido que esto suceda. Los lugares en los que se ve la obra pública son las cabeceras cantonales, donde sí se han solucionado inconvenientes como los sanitarios y urbanísticos, dando así calidad de vida a sus habitantes.

Sin embargo, no es justo que solo el 19 % de las vías del Guayas estén en buen estado y el resto sean regulares o malas. ¿Cómo y en qué se han usado los recursos de la provincia? Es hora de que alguien responda y que la rendición de cuentas sea un ejercicio continuo.

El ciudadano debe pedir explicaciones sobre lo que se hace con sus recursos y que sus exigencias sean tomadas muy en cuenta para evitar injusticias.

Es por lo menos criticable que mientras un segmento de la población viva sin problemas, la gran mayoría siga bajo el agua, carente de caminos y servicios básicos, intentando salvar lo poco que ha conseguido durante toda su vida.

La solución está en manos de la sociedad, que debe aspirar a que sus gobernantes sean honestos, calificados y eficientes en el manejo de los recursos, con el fin de reducir la brecha de desigualdad que por años solo ha fabricado pobreza y desamparo.