Hace poco más de diez años, un grupo de profesores de Derecho de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil escribimos un libro en el que expresábamos nuestra preocupación acerca de algunos aspectos de la Constitución que estaba por aprobarse. Recuerdo que el tema que elegí para comentar fue el presidencialismo, ya que consideraba que se le daba mucho poder indirectamente a la cabeza del Ejecutivo. Diez años después, los hechos y la historia han sido claros con lo que sucedió.

Al margen de esa consideración, lo importante es recordar que el 20 de octubre del año 2008 se aprobó la Constitución que hoy está en vigencia, y aunque sigo creyendo que dicha norma tiene el problema latente del hiperpresidencialismo, de consecuencias importantes, sin embargo tiene aspectos positivos que no pueden desconocerse por quienes somos parte del mundo del derecho.

Si partimos de la premisa antes expresada, ¿cómo podemos explicar que ante normas creadas válidamente existan cuestionados episodios? A manera de ejemplo podemos citar la denunciada posible “metida de mano a la justicia”, los importantes cuestionamientos a la función de Transparencia y Control Social, las revelaciones que enfrenta el Legislativo frente a vergonzosos episodios como los supuestos diezmos de la Asamblea y una posible obstrucción a la justicia, y el cuestionamiento sobre órdenes que se imparten desde una tarima acerca de cómo debe proceder el sector público o privado.

Ante ello hay que enfrentar una realidad que ya en el pasado fue una lección para la humanidad: las leyes pueden ser perfectas pero quienes las aplican son hombres y estos deben ser justos y honestos, por decir lo menos; caso contrario no hay norma que valga.

Finalmente me queda una preocupación: el promedio de duración de las constituciones en Ecuador es menor a quince años, con excepciones como las de 1906, 1946 y 1979. Esto quiere decir que la actual, que se decía que duraría 300 años, estaría cerca de su fin.