La Conaie no hizo sus deberes. Así dicen los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Las peticiones de amnistía presentadas por la organización indígena inclumplían varios requisitos. Cometieron errores en la identificación de los implicados (ni son todos los que están ni están todos los que son); fueron poco rigurosos a la hora de describir el estado procesal de los afectados (algunos ya fueron sobreseídos, otros ya cumplieron la sentencia); omitieron la debida motivación de los casos... En consecuencia, ocho pedidos de amnistía a dirigentes sociales encarcelados durante el correísmo quedaron, pese a la buena voluntad de la oposición, archivados.

En la sala de sesiones de la Comisión de Justicia, en el segundo piso de la sede legislativa, Luiza Lozano, de la comunidad saraguro, tejía sus propias teorías al respecto. Su caso, probablemente el más sólido de este grupo de amnistías, fue uno de los rechazados por inconsistencias formales. Ella y otras 28 personas de su comunidad habían sido sentenciadas a prisión, pago de multa y trabajo comunitario por el delito de paralización de servicio público (bloqueo de la carretera Panamericana) durante una manifestación.

“Eso de los requisitos -dice Lozano- es un pretexto de ellos, que le buscan la quinta pata al gato”. Ella confiaba en que los expedientes que faltaban en su pedido de amnistía los podría conseguir sin dificultad la Asamblea. “Nosotros no podemos. Sacar esos expedientes cuesta 500 dólares. Multiplique 500 por 29. ¡No podemos!”, se desespera.

“Ellos saben muy bien a quién están protegiendo con esta resolución”, elucubra Lozano: a José Serrano. Él era ministro del Interior cuando los saraguros fueron reprimidos por la Policía con exceso de fuerza. Las imágenes saltaron a todos los noticieros. La fuerza pública lanzó gases lacrimógenos al interior de las viviendas, ingresó en ellas, repartió golpes y detuvo a cuantos pudo. Una persona perdió el ojo; otra terminó con la mandíbula rota. “Ahora Serrano es presidente de la Asamblea -concluye Lozano como si sumara dos más dos-, por eso estas son cosas que no les conviene sacar a la luz”.

Serrano es, también, presidente del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tampoco hizo sus deberes en este caso. A tal extremo que la Comisión de Justicia analiza la posibilidad de mandarle “un instructivo”, en palabras de su presidenta, Marcela Aguiñaga. “Tenemos que recomendar al CAL que verifique el cumplimiento de requisitos”, abonó su compañero de bancada Franklin Samaniego. Porque si las solicitudes de amnistía no los cumplían, el CAL no debió enviarlas a la Comisión.

A la hora de votar, Pachakutik volvió a conspirar contra sus propios intereses. Cuatro asambleístas de PAIS votaron a favor del archivo de las amnistías. Tres miembros de la oposición, dos del PSC y una de CREO, apoyaron también el archivo salvo en un caso: el de Agustín Wachapa, dirigente Shuar de Morona Santiago, preso por haber escrito proclamas incendiarias en las redes sociales. Encarnación Duchi (PK) votó en contra del archivo, con lo cual Wachapa sumaba cuatro de nueve votos a su favor. Faltaba solamente el voto de Elio Peña (PK), que lo habría salvado. Pero Peña se abstuvo, incomprensiblemente, y la suerte de Wachapa, sin votos suficientes ni en su contra ni en su favor, quedó en el limbo.

A la sesión asistieron dos de los abogados del equipo de amnistías de la Conaie: Lenin Sarzosa y Luis Guamán. Para ellos no es cuestión de requisitos sino de voluntad política. Sin embargo, ya que los pedidos fueron archivados por la Comisión y no por el Pleno, donde serían cosa juzgada, todavía tienen trabajo por delante. Ahora les toca comenzar otra vez de cero y no omitir ninguno de los pasos.