Deberían ser los más prudentes a la hora de hacer juicios de valor, teniendo en cuenta que son, judicialmente, los más cuestionados. Pero resulta que los más aguerridos actores políticos, que se pronuncian, critican, cuestionan, presionan o aplauden cualquier tipo de acontecimiento nacional -desde el deporte hasta la corrupción- no son quienes ostentan cargos de responsabilidad política en las instituciones públicas. Son los que ya se fueron. Los que tuvieron un control hegemónico durante una década y ahora viven en el extranjero, escondidos o agitados, son los que siempre tienen algo que decir sobre temas que deberían revolver la conciencia ciudadana y la de la cúpula política nacional. Ellos y sus seguidores más fieles.

Mientras, la Asamblea, ese ente que tiene la prerrogativa pero, sobre todo, la responsabilidad de fiscalizar las actuaciones de los máximos exponentes de la administración del país, deja pasar por cualquier conveniente resquicio las ocasiones de reconquistar credibilidad con su labor. Y lo mismo los partidos políticos, afines al oficialismo o de oposición. El cómodo silencio de los actores políticos convierte en altavoz los pocos espacios que aún conserva el régimen anterior para prodigar sus argumentos.