Los terremotos y otros desastres naturales son casos aislados. Los gobiernos locales somos responsables de las construcciones en zonas declaradas de riesgo. No podemos hacer todo. Debe existir un técnico o maestro constructor que pueda encargarse de la ob

Alcaldes dicen que no son los unicos responsables de las construcciones

Talleres sobre el proyecto. La Comisión de Gobiernos Autónomos ha hecho talleres en Quito, Guayaquil, Cuenca. Ha escuchado a los alcaldes y concejales.

Control. Los gobiernos locales no cumplen con su función de supervisar las edificaciones. Esa fue la sentencia del presidente de la República, Rafael Correa, contra las autoridades que permitieron las construcciones devastadas por el terremoto.

Para evitar esos casos, el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que se discute en la Asamblea Nacional, busca imponer varias reglas y sanciones.

Por ejemplo, pretende asegurar que los gobiernos locales ejerzan sus competencias de control. Las edificaciones deben cumplir con los estándares de calidad, como la sismo-resistencia.

La norma dice que los municipios no solo tienen que vigilar esas construcciones, sino verificar que todas tengan los permisos de edificación.

La propuesta, además, homologa las herramientas de planificación urbanística: los polígonos urbanos o la clasificación del suelo. También establece las herramientas de gestión, como el uso de la declaratoria de desarrollo urgente, por ejemplo.

Además, hace hincapié en que una de sus tareas principales es proveer de servicios básicos a los habitantes.

Según uno de los informes de la comisión, el 45 % de las viviendas son inadecuadas, el abastecimiento de agua llega al 55 %, mientras que el alcantarillado es del 53,9 %.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y miembro de la bancada oficialista, Richard Calderón, dijo a este Diario que solo “el 30 % de los municipios tiene catastro”. Estos deben elaborarse cada dos años y su precio va de 300 a 500.000 dólares, explicaron los alcaldes entrevistados por EXPRESO.

Según Calderón, hay alta informalidad, con un alto porcentaje de construcciones que no siguen ninguna norma y que son un riesgo para las personas que las habitan.

Los alcaldes objetan las disposiciones de la reforma. CMP