Más de un año ha tardado en llegar a Ecuador la alarma regional que destapó una investigación por corrupción en España. Así como con el caso Odebrecht, el Canal de Isabel II, empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua, fue extendiendo su presencia en Latinoamérica hasta que su actividad saltó a los tribunales. Y, tal como pasó con la constructora brasileña, Ecuador se entera por la acción de fuera.

Esta vez es Colombia la que ha hecho saber al país que una de sus empresas colombiana, Inassa, con filial ecuatoriana, ha pagado sobornos a funcionarios públicos en su lado de la frontera y en el de Ecuador. Además, tal y como ayer publicara EXPRESO, la Inassa ecuatoriana firmó convenios con Senagua para la construcción de cuatro multipropósitos: Milagro, Coaque, Jama y Tahuín, sobre los que la Empresa Pública del Agua anunció ayer un proceso de fiscalización con un pedido urgente de información.

La compañía ha admitido los pagos de sobornos pero ha aclarado, en un comunicado, que las acciones irregulares fueron cometidas por personal que ya no trabaja en la compañía y que están colaborando desde el inicio con las autoridades. Además, es accionista mayoritaria, a través de firmas relacionadas, de Amagua, la entidad que provee de agua a Samborondón y La Puntilla.

La trama de Inassa no se origina, sin embargo, en Colombia. Sino en España. Pero es la Superintendencia de Sociedades colombiana, la que hace aterrizar el caso transnacional en Ecuador. La información se conoció esta semana, pese a que la investigación española original, la ‘operación Lezo’, comenzó en abril de 2017 e incluso llevó al presidente de la Comunidad de Madrid (el equivalente al prefecto de la región de Madrid), Ignacio González, a la cárcel mientras avanza el caso.

De acuerdo con las investigaciones en España y Colombia, el Canal de Isabel II comenzó a expandirse por la región en 2001 cuando abrió una rama dentro de la empresa pública llamada Canal Extensia, que adquirió a la colombiana Inassa. Entonces se regó su presencia por Brasil, Ecuador, Panamá, Venezuela, Uruguay, República Dominicana y México.

El hilo que fue deshilvanando las irregularidades fue la compra de la colombiana Inassa en 2001 y después de una brasileña, Emissao, que generaron un perjuicio a las arcas españolas, pues se pagó un precio sobredimensionado para su valor. De ahí, la investigación en la región ha evolucionado al pago de sobornos a funcionarios, como en Ecuador.

“Fueron exfuncionarios”

“Tanto Inassa como Canal de Isabel II manifiestan a la opinión pública que el accionar de la falta pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos -en años pasados- fue adelantado por ex funcionarios de la organización que ya fueron despedidos, pues obraron de manera ilícita y en contravía de las políticas éticas de la organización”, aclara la empresa en un comunicado de prensa, en el que además, asegura colaborar con las autoridades, haber aportado información y no tolerar ese tipo de irregularidades.