La administracion de justicia en crisis
Se ha convertido en lugar común la expresión que recomienda hacer de las crisis oportunidades. La que afecta a la administración de justicia, siendo crónica, pareciera que al fin ofrecía una oportunidad para resolverla, al menos atenuarla.
Por supuesto, tratándose de asuntos en que, más allá de lo visible, se alojan enormes intereses que dan lugar a continuos procesos de gatopardismo, hacer como que todo cambia para que todo siga igual, fue prudente, vistas las anteriores experiencias, tomar la actual reestructuración con cautela.
Hechas las designaciones que para reemplazar al anterior Consejo de la Judicatura realizó hace poco el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T), se robustecieron las esperanzas arriba expuestas pero, las manifiestas tensiones que se han hecho visibles en asuntos que no son menores, por el contrario, conllevan enorme trascendencia, hacen notar que resolver la crisis que de larga data afecta a la administración de justicia en el Ecuador, no es tarea sencilla.
Partiendo de esa convicción, no es posible solo lamentarse y cruzarse de brazos.
La justicia, que es en el criterio de Aristóteles la virtud de las virtudes, la virtud social por excelencia, merece, con el esfuerzo de todos, magistrados y ciudadanos, ser una garantía de probidad, de manejo honesto, de modo que su ejercicio quede libre de toda sospecha de manipulación, de manoseo destinado a satisfacer maniobras politiqueras o a proteger rufianes que cuentan con el padrinazgo de los grupos políticos en el poder.
Mucho cuidado debe tener el Consejo de la Judicatura en los mecanismos de selección de los nuevos integrantes de la Función Judicial para que ni remotamente sea posible la sospecha de que las viejas tentaciones del pasado, que tanto daño le han causado a la institucionalidad nacional, sigan presentes.
Si alguna actividad vinculada con la buena marcha de la nación debe gozar de plena independencia, esta debe de ser la relacionada con la administración de la justicia y así lo consagra la Constitución de la República. Por ello no cabe que quienes la van a administrar sean los seleccionados por los partidos políticos o sus dirigentes, como parte de las cuotas de poder que tradicionalmente han contribuido a su integración. La ciudadanía debería interesarse en que así ocurra.
