El secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuya animadversión contra Nicolás Maduro se evidencia cada vez con mayor fuerza, llamó a los gobiernos miembros del organismo a tomar acciones contra el Gobierno venezolano, por supuesta “violación al derecho democrático”, tras la suspensión del referendo revocatorio contra Maduro, ignorando el dato de que el Consejo Nacional Electoral pospuso dicho referendo debido a sentencias dictadas por cinco tribunales regionales, anulando la recolección del 1 % de las firmas tras el supuesto fraude cometido por la oposición a través de diversas irregularidades. La suspensión se convirtió para la oposición en razón suficiente para destituir a un presidente constitucional, elegido por voto popular, y para designar probablemente a un presidente interino, aplicando la fórmula Cunha-Temer, exitosamente probada en Brasil al destituir a Dilma Rousseff y colocar en su lugar un presidente nombrado por la clase empresarial. El famoso “impeachment” se basa en cualquier mínima infracción administrativa -o se la inventa- para maquillar el cinismo de la fórmula parlamentaria, que ahora el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, ha anunciado, manifestando que Maduro será declarado en “abandono del cargo”, figura contemplada en la Constitución cuando el presidente deja de ejercer sus atribuciones. En este caso: por haber viajado Maduro la semana pasada a Medio Oriente para efectuar una gira por las naciones petroleras, para impulsar un acuerdo de la OPEP, congelar la producción y lograr incrementar los precios del crudo que han tenido una baja extrema e insólita, lo que afectó gravemente a la economía de Venezuela.

Lo más peligroso de esto quizá sea que la cínica maniobra del “impeachment” a la brasilera esté adquiriendo “patente de corso” y que el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, trate de replicarlo con igual o mayor ligereza. Pésimo ejemplo y peor contagio. Con ello estaríamos asistiendo al fin de la supremacía de la voluntad popular expresada en los sufragios como acto esencial de la democracia representativa y reemplazándolo por un nuevo orden de legitimación de los golpes de Estado parlamentarios.

¡Democracia, adiós!

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