Los acuerdos trajeron $ 820 millones en 2016
El Legislativo se apresta a dar de baja a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) después de que la Corte Constitucional declarara que la cláusula que permite ir a instancias internacionales (arbitrajes) para la solución de conflictos es incompatib
Guillermo Lizarzaburo C. / Carla Maldonado
Como diplomáticos que son llegaron antes de las 15:00 al Parlamento. Pero no fueron los 29 embajadores invitados a la reunión de ayer, sino 14.
Tal vez porque en el ámbito de las relaciones internacionales de ese tipo solo procede una convocatoria del presidente de la República o del canciller. Y a los embajadores los llamó la titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle.
El tema es espinoso. Los países que han firmado Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con Ecuador porque la Asamblea Nacional les dará de baja. A todos, incluido al de EE. UU.
Ayer los invitaron a la Asamblea para informales que el dictamen de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales a los TBI porque obliga a las partes a acudir a arbitrajes internacionales en caso de disputas.
La cita con los diplomáticos duró una hora y media, pero a la salida nadie habló de lo que trataron, ni si había opción de hallar otro mecanismo o sistema de solución de conflictos.
Pero ese llamado a Chile, China, Venezuela y Países Bajos (Holanda, el mayor inversor) es una alerta que prendió al mundo diplomático. Todos los acuerdos tienen esa cláusula, que les ha permitido a muchas empresas acudir a una instancia muy común: el Centro de Arreglo de Diferencia Relativo a Inversiones (Ciadi). Allí no le ha ido muy bien a Ecuador, pues ha tenido que pagar sendas indemnizaciones.
Pero esos convenios son los que dan seguridad a las empresas extranjeras, según diplomáticos consultados por este Diario.
Según las estadísticas del Banco Central, las empresas de 15 de los países que tienen TBI han invertido $ 820 millones (restando las desinversiones).
La legisladora Verónica Rodríguez, aliada de PAIS e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, dijo a EXPRESO que está de acuerdo con los arbitrajes internacionales, pero en estos casos son constitucionales.
El asambleísta de CREO e integrante de la Comisión, Diego Salgado, dijo que este es un tema constitucional y político. “Ecuador debe tener tratados con todos los países, sobre todo, con aquellos que compran y asesoran en temas de comercio, agroindustria o producción”.
Según él, los países de Sudamérica han tratado de crear una herramienta de solución a los conflictos, pero hasta ahora no ha funcionado. “Estoy de acuerdo con los arbitrajes internacionales porque somos parte de las Naciones Unidas y de la OEA que tienen esa herramienta”, advirtió.
Para él, será difícil renegociar con Reino Unido por el tema de Assange, asilado en la Embajada de Londres hace 4 años.
Está previsto que la denuncia de los TBI se trate en el Plenario el próximo miércoles. Hasta tanto la diplomacia sigue inquieta.
Los acuerdos
Eliminados unos, otros, pendientes
Ecuador ha suscrito 39 TBI (Tratados Bilaterales de Inversión), pero solo 27 entraron en vigencia.
Con la Constitución de 1998, se denunciaron 9. Los de Uruguay, República Dominicana, Guatemala,El Salvador, Cuba, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Rumanía. Sin embargo, estos no pasaron por la Asamblea. La denuncia del TBI con Finlandia fue aprobada por el Pleno y publicada en el Registro Oficial.
Mientras la denuncia de otros 4 tratados de inversión (Alemania, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia e Italia) fue aprobada por el Pleno y publicados en el Registro Oficial. Pero quedó pendiente el decreto ejecutivo.
Decide la Asamblea
El de EE.UU. irá a la orden del día
La denuncia -proceso para dejarlos sin vigencia- de los acuerdos con Chile, Venezuela, China y Países Bajos, cuyos embajadores fueron invitados ayer, no alcanzó la votación de mayoría en el Plenario.
La denuncia de otros 7, con Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú y Bolivia, se encuentra pendiente de incluirse en la orden del día del Plenario de la Asamblea.
Además está el pedido de denuncia del Convenio con Italia sobre la promoción y protección de inversiones, que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Ese convenio está en la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento.
