Rosa Torres Gorostiza | Más dinero, menos seguridad
Desde hace veinte meses los ciudadanos pagan más impuestos con la promesa explícita de recuperar la seguridad
La propaganda oficial insiste en mostrar un país que avanza en el combate a la delincuencia. Videos, cadenas y discursos repiten escenas de operativos militares, policías armados y supuestos golpes al crimen organizado. Sin embargo, esa narrativa choca de frente con la realidad cotidiana de los ecuatorianos, que siguen viviendo con miedo. Secuestros, extorsiones, asesinatos y amenazas no son excepciones: son parte del día a día. Y cuando la inseguridad se normaliza, la propaganda pierde efecto y queda al desnudo un problema más profundo: la ausencia de rendición de cuentas.
Desde hace veinte meses los ciudadanos pagan más impuestos con la promesa explícita de recuperar la seguridad. El incremento de tres puntos porcentuales del IVA, aprobado bajo el amparo de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, ha significado más de 2.000 millones de dólares adicionales para el Estado. Ese dinero salió del bolsillo de una población golpeada por la violencia, el desempleo y el encarecimiento de la vida. La pregunta es tan simple como incómoda: ¿en qué se ha gastado?
El Gobierno no puede seguir evadiendo esa respuesta con generalidades ni ‘spots’ publicitarios. No basta con afirmar que “se está trabajando” o que “las Fuerzas Armadas y la Policía están en las calles”. El pueblo tiene derecho a conocer cifras claras, contratos, prioridades y resultados. ¿Cuánto se ha invertido en infraestructura policial y militar? ¿Cuántos cuarteles han sido modernizados? ¿Cuántos vehículos, equipos de inteligencia, sistemas tecnológicos y programas de prevención se han financiado con esos recursos?
La falta de transparencia alimenta la desconfianza y la desesperanza. Mientras los ciudadanos siguen pagando extorsiones para poder trabajar o vivir tranquilos, el Estado no explica cómo utiliza los fondos que recaudó precisamente para protegerlos. El silencio oficial no solo es una omisión política, es una falta ética.
El presidente de la República y los ministros de Finanzas, del Interior y de Defensa tienen una obligación ineludible: rendir cuentas, con datos verificables y accesibles.
