Acostumbrados a la inseguridad

Todos dicen que la delincuencia va a la baja. Lo dicen las autoridades gubernamentales, “entre las 10 ciudades más seguras de la región”, cuando se refieren a los nuevos planes integrales a ser aplicados en Guayaquil; lo dicen los ciudadanos, a través de la prestigiosa encuesta Latinobarómetro que mide cada año las condiciones de vida en la región, y sitúan a Ecuador como el país con menos percepción de inseguridad; lo dicen las cifras de la Policía en Guayas que calculan la baja del índice delincuencial en 17 % durante el último año. Y sin embargo, los hechos del último mes riñen con esa postal nacional.

En los últimos 35 días, tres instituciones bancarias en centros comerciales (otrora considerados santuarios de la seguridad guayaquileña) han visto a sus clientes ser asaltados en horas de la mañana por delincuentes.

El Ejecutivo y el Municipio se han unido por primera vez en una década alrededor de una mesa de seguridad para anunciar el estudio de medidas que regulen el uso de motocicletas tras descubrir, como publicó ayer EXPRESO, que la incidencia de estos vehículos en crímenes contra personas se había disparado seis veces hasta alcanzar el 60 % de la participación en Guayas, luego de una historia de reiterados y fracasados planes gubernamentales para controlarlos.

Asaltados fueron también los policías que custodiaban a una comerciante con 12 mil dólares en efectivo, quien acudió al servicio de la patrulla para evitar (sin éxito) un atraco. Así como quienes circulan por las principales vías de la ciudad, incluyendo los túneles del centro guayaquileño, donde la policía ha debido poner mayor atención desde inicios de año.

Lo saben también los vecinos de Miraflores, la zona norteña y residencial, que se ha visto obligada a plantear el cierre de calles de la ciudadela, según reportó ayer este Diario, porque “son demasiado inseguras”.

Y las mujeres, en general, que han contado entre su género la muerte de 68 ciudadanas en lo que va del año, por su condición de féminas, despertando las alarmas del Ministerio de Justicia, controlado hoy por Rosana Alvarado, quien alista un plan nacional para procurar la reducción del delito.

Porque, aunque nadie admita crecimientos en la inseguridad ni nuevos desafíos ni peores condiciones, el Ejecutivo ha empezado a moverse en la necesidad de acciones.

Por eso se anuncia el estudio de ordenanzas municipales que prohíban a dos hombres circular en una sola moto, la disposición gubernamental de declarar una emergencia por consumo de drogas en la urbe, o la decisión de la Gobernación del Guayas de sacar a los militares de los cuarteles, desde este lunes, para patrullar las calles del Puerto Principal.

Porque aunque la percepción de inseguridad ha caído, existe siempre una posibilidad más lamentable: que se haya normalizado, que a nadie le sorprenda.

Las propuestas

La corrupción ha convertido a la Asamblea Nacional en un espacio monotemático. Pero las bancadas tienen planes:

Alianza PAIS

La bancada oficialista cuenta con representantes que han enfocado su interés en reformar el Código Penal para incluir delitos comunes en las áreas rurales donde, consideran, se ha descuidado el debate. Analizan también el impulso de iniciativas de seguridad comunitaria.

CREO-SUMA

La bancada opositora presentará en las próximas semanas, según su coordinador Roberto Gómez, su plan legislativo que, en materia de seguridad, propondrá acercar la cooperación entre el Ejecutivo y los niveles de poder más cercanos a los ciudadanos, como los municipios y prefecturas.

PSC

Con la legisladora Dallayana Passailaigue abanderando la lucha contra el femicidio, el bloque socialcristiano considera que “la agenda política no debe jamás opacar la agenda de necesidades ciudadanas” y que la Asamblea debe sugerir al Gobierno el incremento en rubros de seguridad.

Minorías

La bancada de las minorías debate aún una agenda común. Bajo la bandera de la Izquierda Democrática y Pachakutik, sin embargo, los legisladores consideran que es momento de proponer que la seguridad no sea “una competencia exclusiva del Gobierno central”, sino delegada a todos los niveles.