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Acerca del presupuesto de 2019

La edición presupuestaria de 2019 debería marcar la pauta de la política económica para el año venidero. O se continúa en las tendencias de la última década en materia fiscal, o se crea el punto de quiebre. Todo dependerá del liderazgo que se ejerza desde el Ministerio de Finanzas en un año que se proyecta será de mayor estrechez económica que el actual.

Tradicionalmente, el Presupuesto General del Estado es un documento descriptivo antes que normativo. Consiste más bien en un ejercicio contable que identifica los gastos e ingresos proyectados. Será menester adentrarse en los números cuando llegue el momento para poder discernir las directrices de un programa macroeconómico que hasta la fecha no existe.

La ejecución presupuestaria del ejercicio en curso muestra que el gasto corriente ha subido, empujado por las dilatorias en contener el tamaño de un Estado que no guarda relación con la capacidad de la economía. No hay corrección en la planilla burocrática, y sube el servicio de los intereses de la deuda como consecuencia del creciente endeudamiento público que ya se aproxima a los tres cuartos del PIB. Entretanto, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión del Sector Público No Financiero (SPNF), está virtualmente estancada, y ello provoca la caída del crecimiento hacia niveles compatibles con no crecimiento.

Los anuncios de ajustes presupuestarios son palabras vacías si no van acompañados de la acción. En 2018 el presupuesto de gastos es de $35.000 millones y los ingresos previsibles de $25.000 millones. De repetirse esta estructura en el próximo ejercicio, sabremos que no hay propósito de enmienda. Más aún, un presupuesto que absorbe $10.000 millones en pagos a burócratas, $5.000 millones en gastos de funcionamiento, y $10.000 millones en pago de deuda es una invitación al desastre por la vía de la inanición. Un programa económico debe revelar los objetivos que se tienen que cumplir para cambiar el perfil de la deuda, evidenciar la reducción del gasto público, constatar la liquidación de empresas públicas que son taras fiscales, enumerar en suficiente detalle y con justificativos las inversiones públicas que sean sustentables y tengan réditos sociales y económicos, proponer lo que se va a hacer con los combustibles, y demostrar con claridad los criterios de prelación del gasto. Lo propio debería considerarse en la estructura de ingresos, adoptando planteamientos serios y certeros respecto de la reforma del régimen tributario y, en el régimen previsional, proponiendo la reforma de la seguridad social.

Quedamos a la espera de los acontecimientos.