La causa de la no prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad (pregunta 4 de la consulta popular) recibió ayer un espaldarazo en la Asamblea. Los testimonios de cuatro mujeres abusadas durante su adolescencia por un mismo profesor de la Academia de Ballet Guadalupe Chaves conmovieron a los integrantes de la Comisión Ocasional Aampetra, constituida para investigar los casos de abuso sexual en las instituciones educativas y cuyo nombre alude a la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, donde se dieron varias violaciones de alumnos. El hecho es que tres de las cuatro víctimas vieron prescribir sus casos mientras se decidían a denunciarlos.

Lástima que solo tres integrantes de la Comisión (la presidenta Silvia Salgado, Amapola Naranjo y Franklin Samaniego, oficialistas todos) estuvieron presentes para escucharlas. Los demás enviaron a sus alternos. Las aterradoras historias de las cuatro mujeres, su teoría de que cientos de niñas sufrieron el mismo trato y su acusación de que la rectora del establecimiento estaba enterada de todo cuanto ocurría configuran un patrón que se repite en varios centros educativos. En el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil, por ejemplo.

A la sesión asistieron también tres representantes del Consejo de Igualdad Intergeneracional, un invento correísta para repartir empleos en el sector público bajo el paraguas de la corrección política. Entre ellos estaba su presidente, Carlos Muñoz, incondicional correísta cuyo nombramiento fue un escándalo por su condición de antiguo garrotero universitario involucrado en varios actos de violencia relacionados con la lucha por el control de la FEUE y acusado por testigos de haber golpeado a su esposa en sus propias oficinas.

Interrogado sobre las acciones emprendidas por su organismo para contener la violencia sexual en las instituciones educativas, Muñoz no vaciló en responder, ante los ojos atónitos de las víctimas, con la palabra mágica de la burocracia: “transversalización”. Eso han hecho: “participar en la formulación del Plan Nacional del Buen Vivir con el fin de transversalizar la visión contenida en la Agenda Nacional para la Igualdad”. Y como “la agenda que estamos sacando (llevan desde 2014 trabajando en ella pero no está lista, la están “sacando”) prevé la erradicación de esta violencia, así como de los estereotipos de discriminación”, y es “de obligatorio cumplimiento”, bien puede el funcionario dar por cumplido su trabajo. “Lo desarrollaremos más adelante con acciones concretas”.

En el Power Point estaba todo muy claro. El “diagrama de las rutas de reparación”, por ejemplo, donde la figurita del “niño vulnerado” aparece conectada con sus respectivas flechitas a los conceptos de “atención emergente”, “atención complementaria” y “atención restitutiva”; el organigrama del organismo, donde se demuestra que hay un diseño institucional para solucionar cada problema, los consejos consultivos, los despachos de asistencia técnica, en fin, todos unidos entre sí con flechitas y pintados de colores muy vistosos. ¿Cómo funciona este esquema “en territorio”? “Estamos en fase de diagnóstico”, dijo sin sonrojarse la funcionaria a cargo.

No terminó de entender la presidenta Silvia Salgado cómo se aterriza tanta parrafada en la realidad de las víctimas. “Desde la transversalización”, trataban de explicarle los funcionarios. Pero ella no acababa de verlo. “Hay que bajar un poco a la realidad”, insistió. Y la realidad, a juzgar por los últimos casos, es terrorífica. Extrañamente. En el Power Point no lo parece.

La invitación que no viajó

El orden del día anunciaba la presencia del defensor público, Ernesto Pazmiño. Pero alguien, al parecer, olvidó cursar la invitación. “Pido que se dé lectura a la invitación enviada”, pidió con segundas intenciones Alfredo Medina (CREO), alterno de Lourdes Cuesta. Silvia Salgado accedió a este pedido y luego fingió demencia: una maestra del parlamentarismo.