No fue la excepción, sino la regla. La exrectora de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, de Guayaquil, donde se cometieron abusos sexuales en contra de cuatro alumnos, no fue la única autoridad que ocupó ese puesto bajo la figura de encargada y sin cumplir los requisitos.

Alrededor del 75 % de los planteles públicos de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) tienen directivos que no cumplen con el perfil requerido. Esto es, tener la categoría D (escalafón), diez años de servicio en el magisterio y un título de cuarto nivel en educación.

Tampoco ganaron concursos de méritos y oposición; sino que fueron nombrados directamente por Educación.

Su designación estuvo amparada en el Decreto Ejecutivo 505 emitido por el expresidente Rafael Correa, en diciembre de 2014, y publicado en el Registro Oficial de enero de 2015.

Allí se dispone a las autoridades zonales encargar los puestos vacantes de directivos por vencimiento del período del cargo, remoción, destitución, jubilación, renuncia voluntaria o fallecimiento, hasta que se elijan a los titulares a través de un concurso.

Pero, para llenar las vacantes de aproximadamente 600 rectores (número de planteles existentes) en la Zona 8, solo se han realizado tres concursos en los últimos 10 años, de los que han resultado 35 ganadores.

“El resto ha sido puesto a dedos”, dice Alonso López, exdirigente de la extinta Unión Nacional de Educadores (UNE).

Incluso, la Red de Maestros, el gremio que trabajó activamente en las campañas electorales correístas, coincide en que la mayoría de directivos está bajo la figura de encargo.

Érika Laínez, subsecretaria de Educación de la Zona 8, dijo a EXPRESO, que desconocía las cifras exactas. “Estamos validando esta parte para hacer las ternas con quienes tengan el perfil adecuado”.

El tema cobra importancia si se considera que el ministro de Educación, Fander Falconí, ha señalado que cientos de denuncias de abuso sexual presentadas en los últimos años en todo el país fueron ocultadas o mal tramitadas por los rectores de los planteles.

También lo ha dicho el exministro, Augusto Espinosa, quien ha expresado que en sus visitas a los establecimientos educativos no recibía reportes de casos de abusos sexuales.

Espinosa, sin embargo, ha querido tomar distancia y afirma que los casos no corresponden a su gestión; pues hay asambleístas que le señalan responsabilidad y, por ello, anuncian un pedido de juicio político en su contra.

Fin al silencio en los colegios

El ministro de Educación, Fander Falconí, dispuso que la información generada en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos de esta cartera de Estado, así como aquella relacionada con las actuaciones legales, administrativas y técnicas, es pública y de libre acceso ciudadano. No habrá reserva de la información cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas, declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales o el ordenamiento jurídico interno.

Así, el Acuerdo Ministerial 089-A reforma el Código de Ética, aprobado por la exministra, Gloria Vidal, en 2012.

Según profesores, este último, también llamado ‘código del silencio’, propició que delitos e infracciones cometidos en los planteles quedaran en la impunidad.