Sábado 9 de febrero de 2008. En su cadena número 55, el entonces presidente Rafael Correa anunciaba el envío a la Asamblea Constituyente de un novedoso proyecto de ley de contratación pública, cuya vigencia iba a eliminar la facultad legal de la Contraloría General del Estado para hacer análisis previos a los procesos de compras de bienes y servicios del Estado.

El expresidente renegaba de ese sistema de control preventivo (al que tildó de obsoleto) porque consideraba que encarecía y retrasaba las contrataciones de las entidades.

La nueva ley implementó, entre otras innovaciones, procedimientos contractuales, la herramienta del portal electrónico para llevar esas negociaciones y la creación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), como entidad rectora. “Se van a transparentar todas las compras públicas”, pronosticó Correa.

La normativa fue aprobada a mediados de 2008. Desde entonces y hasta 2017 (ya sin el filtro de control de la Contraloría) las instituciones del Estado han contratado $ 67.006’040.955, según los reportes del Sercop (ver infografía).

El mayor contratante es Petroecuador, entidad hoy envuelta en graves escándalos de corrupción. En una reciente entrevista, el gerente de la empresa estatal, Byron Ojeda, reveló que se han entablado juicios por contratos que terminaron costando tres veces más.

Las cifras del Sercop dan cuenta de que solo desde 2015, la empresa petrolera estatal hizo compras de bienes y servicios por $ 1.552’329.747.

¿Las reformas legales mejoraron los controles sobre los recursos públicos? Voces autorizadas consultadas por EXPRESO consideran que el nuevo sistema no ha sido eficaz y, por el contrario (según mencionan), secundó la corrupción.

El Gobierno ahora estudia la posibilidad de efectuar reformas legales para, entre otros fines, restituir los informes previos como exigencia para la contratación pública.

Una propuesta con ese fin presentó en julio pasado a la Asamblea el legislador Henry Cucalón, para quien “la corrupción y el despilfarro tuvieron su caldo de cultivo, entre otras causas, en la falta de controles previos a los contratos”.

“Es una herramienta eficaz que siempre debió haber estado y que el correísmo eliminó en 2008”, dice el asambleísta.

Marcelo Merlo, excontralor del Estado, cree que hoy “más que nunca” es necesario que se rescate la atribución perdida de la Contraloría. Incluso recomienda que todo contrato cuyo costo supere los $ 100.000 debe pasar por ese filtro, con un rápido sistema de revisión.

“Eso es una parte muy pequeña dentro de todo lo que hay que cambiar en toda la legislación mafiosa existente”, enfatiza el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez. Aconseja, por ejemplo, que se debe “purgar” la Contraloría, revisar auditorías ya realizadas a los grandes contratos y hacer reformas al Sercop.

Las firmas chinas,las mayores contratistas

Entre 2015 y 2017, los grandes contratos públicos se concentran en las áreas petrolera, eléctrica y de ingeniería civil. Petroecuador, el IESS, el Servicio de Contratación de Obras (Secob), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), lideran el ranking de las 10 mayores entidades contratantes, que en total compraron $ 5.119’980.399.

Con respecto a los mayores contratistas en ese periodo, se destacan cinco empresas chinas: CAMC, Consorcio NHQ (lo integra China Railway First Group), China Railway N° 9, Gezhouba y China International Water & Electric, que juntas se adjudicaron en su mayoría contratos de manera directa, $ 1.025’022.686.