Los 60 centavos de dólar que pretendía recaudar el Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros no serán suficientes para cubrir los gastos de su operación, según recogió la Contraloría General del Estado en un informe que cuestiona cuatro puntos del proceso que determinó el modelo de gestión del Metro.

• Más plata: 20 millones por año hasta el 2024 deberá cubrir el Cabildo si decide mantener la tarifa integrada en los $0,60.
• Irregularidades: Un conflicto de intereses, inconsistencias en el modelo de gestión y varias omisiones halló la Contraloría General del Estado
• Abandono: El directorio no discutió el modelo de gestión por un lapso de 16 meses, las bases para la contratación no son claras.

Debido a un ajuste en las predicciones de demanda debido a la pandemia de la COVID-19, esta no alcanzará los niveles previstos. Como resultado, el Cabildo quiteño deberá financiar la diferencia y su aporte al proyecto se incrementaría en un 30 %, es decir, 20 millones adicionales por año hasta el 2024. No se conoce de dónde saldrá este valor.

• Contexto: El pasado martes, Jorge Yunda ofreció establecer la tarifa del Metro en ‘cero dólares’ mediante un subsidio cruzado “de quienes pueden pagar más, para beneficiar a quienes no tienen”. La idea fue planteada de forma verbal, aunque el alcalde manifestó que presentará una ordenanza.

Otra de las observaciones se refiere a un ‘conflicto de intereses’ al establecer las tarifas y frecuencias de transporte de los subsistemas del Sistema Integrado en 2020. El entonces gerente general Édison Yánez era socio de la cooperativa Translatinos, que forma parte del subsistema Metrobus-Q y tenía un contrato con la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, “lo que ocasionó que, como máxima autoridad, haya perdido independencia y objetividad en su accionar”, señala el documento de la institución fiscalizadora.

Además, el directorio del Metro no verificó las prohibiciones establecidas en el Código Municipal y el código de ética de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), que prohíben a Yánez ocupar el cargo.

La Contraloría también halló inconsistencias en el informe del modelo de gestión en el cálculo del costo del consumo energético y en el resumen de costos. Los valores no coinciden en distintas tablas.

Sin embargo, el reporte fue aprobado por el personal de Planificación de Operaciones y el gerente de Operaciones, lo que “ocasionó que el directorio se acoja a un modelo de gestión cuyos documentos técnicos no garantizan la precisión, validez y propiedad de la información”.

En su cuarta conclusión, el informe señala que el presidente del directorio (Jorge Yunda) no gestionó ni convocó a sesiones ordinarias mensuales. Yunda culpó de las demoras a Santiago Guarderas, quien fue designado por el propio Yunda como delegado permanente del directorio. Ante esto, Guarderas aclaró que su designación no tenía potestad de convocar, sino solo de presidir las sesiones exclusivamente cuando el edil mayor no pudiera asistir. “El señor Yunda nunca dejó que presida alguna de ellas”, objetó Guarderas vía Twitter.

Además, los integrantes del directorio “no supervisaron, controlaron ni requirieron por escrito a la administración de la EP (Empresa Pública) la presentación de las alternativas del modelo de gestión, operación y mantenimiento del Metro”, manifestó la Contraloría.

Tampoco se solicitó que el tema sea tratado en las sesiones convocadas por el lapso de 16 meses, lo que ocasionó que la aprobación del modelo de gestión se efectúe “extemporáneamente y hasta la fecha del corte del examen (marzo de 2021), la entidad no disponga de las bases administrativas, técnicas, económicas y contractuales que determinen y regulen el procedimiento” y los requisitos, condiciones y límites para la adjudicación de la entidad que preste asistencia técnica especializada internacional para la gestión del sistema de transporte. Asimismo, hay ambigüedad en el procedimiento para la contratación de bienes y servicios ligados a la operación y mantenimiento de la obra más grande de la capital.

EXPRESO intentó obtener la versión de la EPMMQ, pero esa institución respondió con un comunicado en el que señala que las conclusiones de Contraloría deben ser acatadas de forma inmediata y obligatoria y que la empresa pública ‘observará’ el cumplimiento de las mismas.

Una espera interminable

El Metro de Quito inició su fase de construcción en 2013 y estaba previsto de inaugurarse en 2017. Sin embargo, luego de cuatro alcaldes y siete gerentes sigue rezagado. El último plazo, que se dio en la breve administración de Guarderas, estableció que el sistema no entraría en funcionamiento al menos hasta 2023. La obra le ha costado a la ciudad y al Gobierno Central $ 2.009 millones.