El 2020 empezó bien para Rosa Cangá. Un trabajo como cocinera, una familia y una emocionante clasificación para participar en la segunda temporada del popular programa Master Chef Ecuador, marcaron el tono para el que creyó sería el mejor año de su vida. La pandemia lo cambió todo.

Ella, su madre y su prima perdieron sus empleos poco después del inicio de la emergencia sanitaria y en abril, pese a la suspensión de la aplicación de las órdenes de desahucios decretada en la Ley de Apoyo Humanitario, debieron dejar su casa en San Juan de Turubamba.

“Todos los días salíamos a entregar hojas de vida. Llegamos a un acuerdo con la dueña de casa para ayudar con la limpieza a cambio de la renta que le debíamos, pero finalmente nos empezó a exigir el dinero del arriendo, desconectándonos el agua y la luz. Tuvimos que irnos al primer sitio que pudimos pagar, y como no teníamos para la garantía, tuvimos que vender nuestras cosas”.

La policía no fue de ayuda, pues cuando pidieron su intervención, estos insistieron en que debían dejar el inmuebles pese a lo establecido en la Ley.

La situación de la joven y su familia, cuyos seis miembros hoy residen en dos habitaciones del empobrecido sector de La Argelia, es solo uno en miles. Pues si bien la mayoría no se reporta en las instancias legales, de marzo a octubre la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública recibieron casi dos mil casos relacionados a temas de inquilinato. El 65% de estos se registraron en Pichincha.

“Aumentó en un 600% los patrocinios en comparación al 2019, tanto de arrendadores como arrendatarios”, explicó Andrea Guerrero, Defensora Pública Provincial de Pichincha. Esta agregó que el 80% de los casos se resolvieron a través de la mediación, pero admitió que a raíz de la caducidad de la suspensión de desahucios, que concluyó el pasado 13 de noviembre, esperan un alza en el índice de pedidos de patrocinio.

“Hay una confusión que recae en que los arrendadores creen que, como ya caducó la suspensión, pueden decirle al inquilino que desaloje. Eso no es así, incluso antes de la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, para ejecutar un desahucio se necesitaba una orden judicial, un debido proceso por parte del arrendador”.

Pero como es habitual, la realidad suele superar los mandatos de la ley. Así lo cuenta Ana Córdova, quien explica que una noche de mayo, la propietaria de la casa donde residía en el sector de San Juan, en el centro de Quito, llegó con guardias privados para desalojarla a ella y a otras dos familias.

“Nos dejó en la calle. Fuimos a la policía, y nos acompañó un patrullero de regreso, pero finalmente no hizo nada ni nos ayudó. Tuvimos que recoger nuestras cosas y buscar a dónde irnos”, recordó.

María José Mosquera, DJ y artista, concordó. “Como me quedé sin trabajo, y la dueña de casa no me entendía, o no me podía esperar más, tuve que salir e irme a Ambato a donde mi familia. Ahora que volví, toca hacer de todo, hasta limpiar casas para poder subsistir”, narró.

Por casos como estos, Harold Burbano, director tutelar Defensoría del Pueblo, considera que la renovación de las órdenes de desahucio en el país son prematuras, y que debe establecerse un nuevo plazo para ello.

“El término del 13 de noviembre fue muy prematuro. El gobierno no ha hecho una evaluación clara de cómo estos beneficios han reducido la carga de arrendatarios o a quienes accedían a créditos. Hizo falta un registro social adecuado, porque el país esta regulando esta pandemia sin información. Hemos pedido que se genere este registro para tomar mejoras decisiones, ya que no sabemos cuál es el nivel del problema”, agregó.

El funcionario agregó que, además de las facilidades de la mediación, se necesitan incentivos para evitar los desahucios. “No han abordado la situación con creatividad. Si, por ejemplo, se planteara la suspensión del pago del Impuesto a la Renta para arrendatarios que no han recibido pago, eso sería un incentivo”. 

Sin juez no hay desahucio

A través de la mediación se ha resuelto más del 80% de los patrocinios de inquilinato desde que inició la emergencia sanitaria. La Defensoría Pública indica que la medida más común es llegar a un acuerdo de un pago parcial del valor adeudado. El proceso tiene el valor de una sentencia ejecutoriada y su cumplimiento es obligatorio. 

Los casos que no aceptan la mediación van a instancias judiciales, pero durante el proceso tampoco se puede ejecutar el desalojo. Este solo se puede realizar con la orden de un juez.