El edificio del Club de Oficiales y Clases de la Policía, en el norte de Quito, se ha convertido en el fortín donde se libra una batalla silenciosa entre la administración y una exempleada de ese lugar.

Se trata de María Chugchilán, quien trabajó durante 27 años como conserje y durante ese tiempo vivió en uno de los departamentos. El pasado 19 de octubre le notificaron de su despido y le indicaron que debía desalojar el sitio.

“Pedimos más tiempo porque no tengo a dónde ir”, contó la mujer a EXPRESO. Pero no había marcha atrás, por lo que comenzó a empacar sus cosas, junto a sus dos hijas y un nieto.

El 8 de noviembre la mujer salió a comprar cinta adhesiva para continuar con la mudanza. Y cuando volvió, los guardias no le permitieron ingresar nuevamente.

“Los (otros) tres (miembros de la familia), en cambio, se quedaron porque dijeron que si ellos salían, tampoco les dejarían entrar”, precisó la mujer. Desde ese día hasta ayer, la disputa se había agudizado: los familiares de Chugchilán no salen, pero tampoco se permite que ingresen a verlos.

Chugchilán y otros allegados fueron ayer con víveres para intentar hacerlos llegar al quinto piso, donde están sus hijas. Sin embargo, fue en vano, no pudieron ejecutar la entrega prevista.

Durante la espera, Nicole Giler, abogada del club, salió para dar su versión sobre lo ocurrido. “A la señora se le notificó con tiempo que debía abandonar las instalaciones porque ya no existe una relación laboral. Por ende, ya no hay razón para que ella permanezca aquí”.

Giler agregó que cuando se le anunció de la desvinculación a la señora, se le quiso entregar la liquidación, pero Chugchilán no la aceptó. La exconserje señaló que se la querían pagar en cuatro partes y teme que la cancelación no se cumpla.

La jurisconsulta indicó que han sido muy condescendientes con esa familia, ya que, legalmente, ellos están en la potestad de desalojarlos. Esto porque lo que está ocurriendo actualmente es considerado como invasión a propiedad privada, apostilló.

“Las dos hijas de la señora están adentro de manera arbitraria con un menor de edad. Y para precautelar su bienestar, nosotros abrimos las puertas del departamento para que busquen un mejor ambiente”, dijo la abogada.

Hasta el cierre de esta edición, tanto la exconserje como la administración del edificio no concretaron un acuerdo para un desalojo definitivo. Mientras eso ocurría, Chugchilán permanecía desesperada afuera del edificio, desde donde se veía a las dos mujeres y al niño saludarla.