La primera sesión solemne del alcalde Jorge Yunda, en 2019, concluyó con bombos, platillos, y una promesa en papel: a través de un convenio entre entidades, el Estado ayudaría al cabildo capitalino a adquirir 300 buses eléctricos por un valor de $ 130 millones.

La emergencia sanitaria empezó menos de tres meses más tarde, y el plan para tecnificar el transporte urbano se frenó.

La renovación del acuerdo con el Cabildo estará en manos del próximo Gobierno, pero Guillermo Abad, secretario de Movilidad, asegura que la idea de que Quito se convierta en la primera ciudad del país con una flota eléctrica significativa, aún está en pie.

“Migrar de buses contaminantes a eléctricos es un gran salto que tiene que dar Quito para estar acorde a la tendencia mundial (...) Adicionalmente, la migración hacia buses eléctricos es uno de los requisitos que establece la Ley de Eficiencia Energética. Debe concretarse hasta 2025”, indicó.

Hasta antes de la pandemia, diez cooperativas de la ciudad habían iniciado un proceso de exploración para adquirir estos buses, y la empresa Águila Dorada la había concretado, adquiriendo dos unidades para el Corredor Central Norte. Sin embargo, frente a la crisis que dice vivir el gremio, y que llevó a inicios de semana a la paralización parcial del servicio, la inversión se ha paralizado.

“Originalmente habíamos planteado que el Municipio se comprometa a construir la infraestructura, y que, a través de un acuerdo, el Gobierno traslade el subsidio del diésel a los eléctricos, pero la situación ha cambiado”, indicó Ney Jiménez, representante del Corredor Central Norte en una entrevista,

Pese a ello, la Secretaría de Movilidad ha incorporado alicientes para los transportistas que se sumen al uso de buses eléctricos en la ciudad:    en el concurso de rutas se otorgarán puntos adicionales a las operadoras que presenten mayor cantidad de flota con tecnología amigable con el ambiente, como incentivos tributarios municipales y una propuesta de que quienes lo hagan podrán    acceder a un alza adicional de $ 0,45 en el pasaje.

Esto se aplicará sobre todo en el Centro Histórico, donde se buscará que las nueve rutas de transporte que circulen sean únicamente con buses eléctricos.

“La emisión de gases contaminantes es un problema en el Centro Histórico que debemos solucionar, por eso se le dará prioridad”, comentó Abad.

Para los expertos, no obstante, primero se deben hacer pruebas con este tipo de buses, y antes de su implementación, se debe contar con la infraestructura para su recarga.

“Se deben hacer pruebas en zonas como San Juan, de lomas muy pronunciadas, para ver si es factible la circulación. Se debería empezar en vías más adecuadas, como La Amazonas o La Prensa”, estableció Juan Mafla, experto en ordenamiento territorial.

Con él concordó César Chávez, ingeniero especializado en tránsito. “Primero se necesita legislación para este tipo de vehículos eléctricos, que aún no se trata en el concejo metropolitano, y luego se necesitan hacer pruebas multimodales con las rutas planificadas para ver que realmente sean de utilidad”, dijo.

La calidad del aire, factor importante 

Mientras la viabilidad del ingreso de los buses eléctricos tiene sus trabas, esta sería la solución ideal para reducir la contaminación ambiental de la capital. Según un informe del Centro de Capacitación e Investigación en Control de Emisiones vehiculares, de la Escuela Politécnica Nacional, un bus a diésel genera 192 toneladas métricas de CO2 al año, mientras que los eléctricos no son contaminantes. En 2020, el índice de contaminación se redujo 70 %    hasta julio, que se levantó la cuarentena.