Caso Progen: Cinco minutos de insidia de José Julio Neira pueden salirle caros al Ecuador

La insidia, la vanidad y la carencia de escrúpulos de José Julio Neira están a punto de salirle caras al país en el caso Progen. En su desesperación por encubrir la responsabilidad del Gobierno en la compra de generadores de electricidad inútiles y por insinuar, con perversidad, que detrás del negociado están Ecuavisa y EXPRESO, Neira apareció en un video de cinco minutos mostrando documentos que tenían carácter reservado dentro del juicio que Celec le entabló a Progen en Florida para recuperar el dinero.

Te invitamos a leer| Progen usa la filtración de José Julio Neira para exigir la estrategia confidencial de Celec

Lo que pretendía ser un golpe político del Gobierno para sostener que ya había identificado a los supuestos beneficiarios del millonario contrato de Progen, terminó convirtiéndose en un problema para la propia estrategia judicial de Celec en Estados Unidos. 

En un acto de gigantesca irresponsabilidad, Neira divulgó información que los abogados de la empresa pública consideran confidencial y que ahora la defensa de Progen pretende utilizar para acceder a toda la estrategia legal del Estado ecuatoriano.

Neira difundió parte de documento confidencial

El episodio comenzó el 17 de junio, cuando Neira publicó un video en el que explicaba la denominada “ruta del dinero” del caso Progen. Para sustentar sus afirmaciones mostró parte de un memorando elaborado por el estudio jurídico Greenberg Traurig, contratado por Celec para demandar a Progen en una Corte Federal de Estados Unidos y recuperar cerca de 104 millones de dólares relacionados con los contratos para la instalación de generación eléctrica.

Y aunque el documento, denominado Financial Tracing Strategy, no era un informe cualquiera, Neira lo aventó al público. Se trataba de un memorando preparado por los abogados de Celec para definir la estrategia destinada a rastrear el destino del dinero pagado a Progen. La irresponsable y maliciosa publicación de Neira abrió, entonces, una oportunidad para Progen que nadie había previsto.

Progen aprovecha la exposición del documento

Los abogados de la empresa sostuvieron ante el juez que si el propio cliente (Celec, a través de un alto funcionario del Gobierno) hizo público el documento, entonces renunció voluntariamente a esa protección legal.

Sobre esa base solicitaron que el tribunal ordene la entrega íntegra del memorando y de otros documentos relacionados con la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano. En otras palabras, Progen busca convertir el error político de Neira en una ventaja procesal.

Los abogados de Celec reaccionaron notificando de inmediato al juez que la difusión del memorando nunca fue autorizada por el equipo legal y pidieron limitar las consecuencias de esa publicación. 

Sin embargo, el tribunal todavía deberá resolver si esa divulgación implica o no la pérdida del privilegio que protege las comunicaciones entre abogado y cliente. En otras palabras, el eventual éxito de la demanda de Celec podría verse seriamente comprometido.

Los escenarios del pedido de Progen

Si el juez acepta la tesis de Progen, la empresa demandada podría acceder a información sensible sobre la estrategia jurídica de Celec, incluidos análisis de riesgos, hipótesis legales y planes para rastrear activos. Eso no significaría automáticamente la derrota del Estado ecuatoriano en el juicio, pero sí supondría una ventaja importante para la defensa de Progen en uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta actualmente el Ecuador.

La responsabilidad de Neira

La responsabilidad de Neira es inmensa y tiene tres dimensiones: política, administrativa y procesal.

La responsabilidad política es, probablemente, la más evidente. Neira decidió utilizar un documento elaborado por los abogados de Celec como parte de una estrategia de comunicación del Gobierno para aparecer como si ya hubieran descubierto quién se quedó con el dinero, algo que es falso. 

Esa decisión transformó una herramienta jurídica concebida para un litigio en un instrumento de propaganda política. Si esa divulgación termina debilitando la posición de Celec en el juicio, la responsabilidad política recaerá sobre Neira.

En el plano administrativo, habría que establecer si Neira tenía autorización para divulgar un documento preparado por abogados externos para un litigio en curso. 

Si el memorando estaba sujeto a confidencialidad (como sostienen los abogados de Celec), la pregunta es quién autorizó su entrega al secretario de la Administración y con qué fundamento legal pudo difundirlo públicamente. Esa es una cuestión que podría dar lugar a investigaciones internas sobre el manejo de información reservada.

Pero donde el tema adquiere mayor relevancia es en la responsabilidad procesal. En el sistema judicial estadounidense, el privilegio abogado-cliente y la protección del ‘work product’ existen precisamente para impedir que la contraparte conozca la estrategia jurídica de quien demanda. 

¿Neira creó ventaja para Progen?

La defensa de Progen sostiene que la publicación realizada por Neira constituye una renuncia voluntaria a esa protección. Si el juez acepta ese argumento, el perjuicio no provendría únicamente de haber mostrado algunas páginas del memorando, sino de haber abierto la puerta para que Progen solicite acceso a un conjunto mucho más amplio de comunicaciones y análisis estratégicos.

Si bien eso no significa que Neira sea jurídicamente responsable de una eventual derrota de Celec, el secretario de la Administración habría facilitado la tarea de un adversario del Estado ecuatoriano en un litigio de más de 100 millones de dólares. 

Neira creó un riesgo procesal que antes no existía: proporcionó a la defensa de Progen un argumento para intentar levantar la confidencialidad de documentos que, de otro modo, probablemente habrían permanecido protegidos.

Paradójicamente, en su afán por obtener un rédito político inmediato, Neira pudo haber entregado a la defensa de Progen la herramienta más valiosa que podía recibir: una oportunidad para conocer y cuestionar la estrategia jurídica del propio Estado ecuatoriano.